El Consejo de Ministros aprobó este martes el habitual Plan de Actuaciones de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales de 2026, que involucrará a 13 ministerios con un dispositivo estatal similar al de años anteriores.
Este plan, que los sucesivos Gobiernos vienen adoptando cada año desde 2005, cuenta con efectivos de las Brigadas de Incendios Forestales (BRIF), las Fuerzas Armadas —cuyo elemento de primera intervención es la Unidad Militar de Emergencias (UME)—, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La UME dispone de dos helicópteros ligeros con capacidad de mando y control, reconocimiento, búsqueda, localización y evacuación de heridos, y dos helicópteros medios con capacidad de helitransporte, búsqueda, rescate y lucha contra incendios forestales, así como 32 módulos terrestres especializados.
Además, continuará operando el Grupo 43 de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire junto a diez aviones apagafuegos propiedad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y cuatro aeronaves de los ministerios de Defensa y Transición Ecológica.
También destacan los convenios de colaboración con la Xunta de Galicia y el Cabildo Insular de Tenerife para regular la participación de las Fuerzas Armadas en la prevención de incendios durante la temporada estival.
En materia de seguridad ciudadana, la acción coordinada de Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil y Emergencias y la Dirección General de Tráfico (DGT) resulta esencial para las labores de prevención y extinción de incendios.
La Guardia Civil pondrá en marcha un dispositivo específico que prevé la participación de todas sus unidades territoriales y especializadas, aunque el esfuerzo principal recaerá sobre casi 2.000 efectivos del Seprona.
Por su parte, las Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional participarán en tareas de desalojo, acordonamiento, cierres, bloqueos y prevención en las zonas afectadas. Además, continuará operativa la Red de Alerta Nacional, que permite mantener informados a todos los organismos implicados en la gestión de emergencias y a la ciudadanía.
El año pasado se habilitó por primera vez la comunicación a todas las comunidades autónomas de la activación de planes autonómicos en situación operativa 2, con el objetivo de facilitar la asistencia y la ayuda mutua entre territorios.
En cuanto a la Dirección General de Tráfico, la gestión de las carreteras afectadas por incendios se realiza a través de sus Centros de Gestión y de 2.574 paneles luminosos de mensaje variable distribuidos por más de 16.000 kilómetros de carreteras. A ello se suma el apoyo de los helicópteros y drones de la DGT, además de la vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Cabe recordar que arrojar objetos a la vía o a sus inmediaciones que puedan provocar incendios o accidentes supone la pérdida de seis puntos del permiso de conducir desde 2022.
El plan también contempla actuaciones en el ámbito de la Justicia, con la participación de los fiscales especializados en delitos medioambientales e incendios forestales, así como medidas específicas en materia de infraestructuras impulsadas por la Dirección General de Carreteras, ADIF, Renfe, AENA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Sociedad Estatal Infraestructura del Transporte Terrestre.
Asimismo, se mantiene el 47º Plan de Seguros Agrarios Combinados, que cubre el riesgo de incendio para las producciones agrícolas y ganaderas asegurables.
Por último, el programa incluye actuaciones de investigación, desarrollo e innovación en las que participan organismos como la Agencia Estatal de Investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto de Salud Carlos III y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), con el objetivo de reforzar el conocimiento y las herramientas disponibles para la prevención y lucha contra los incendios forestales.
