El Consejo de Ministros autorizó este martes la convocatoria de subvenciones para financiar proyectos promovidos por entidades locales destinados a impulsar la innovación territorial, reactivar la actividad socioeconómica y hacer frente al reto demográfico y la despoblación, por un importe máximo de 80 millones de euros.
Las ayudas, que repartirá el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se desarrollarán de 2026 a 2029 y se concederán en régimen de concurrencia competitiva. La cuantía máxima de la convocatoria (80 millones) se distribuirá en el cuatrienio que acabará en 2029. La distribución prevista concentra la mayor parte de los recursos en 2027, con más de 52,5 millones.
La distribución entre las distintas aplicaciones presupuestarias tiene carácter estimativo y podrá modificarse antes de la resolución de concesión. El reparto de las ayudas se concretará a comienzos de 2027, cuando se garantizará la mayor parte para que las entidades locales puedan anticiparse “una parte importante de los gastos” y llegará “hasta 2029 en función de la justificación de los gastos finales”, según indicaron a Servimedia fuentes del departamento dirigido por Sara Aagesen.
La primera vez que el Gobierno lanzó una convocatoria de ayudas directas para entidades locales enfocadas al reto demográfico fue en 2022, con 10,3 millones de euros. Esa cuantía ascendió a 16,2 millones en 2023; casi 19,5 millones en 2024, y 40 millones en 2025. En total, se han financiado más de 700 proyectos de innovación territorial a entidades locales.
Los proyectos entre 2026 y 2029 podrán estar dirigidos a fomentar la creación y el desarrollo de ecosistemas de inteligencia e innovación territorial, así como a impulsar proyectos tractores capaces de reactivar la actividad socioeconómica y generar nuevas oportunidades en los territorios afectados por la despoblación.
Asimismo, la convocatoria permite a ayuntamientos, diputaciones y otras entidades locales poner en marcha proyectos para la adaptación al cambio climático, en especial la gestión forestal sostenible y el impulso de la actividad primaria en el medio rural, así como para la recuperación de zonas afectadas por incendios y otras catástrofes naturales, apoyando la restauración del medio y el incremento de su resiliencia.
