La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, señaló hoy que, con los avales hipotecarios a jóvenes y familias a la compra de su primera vivienda, aspiran a “sacar del mercado del alquiler” a personas que “desean” y podrían” adquirir una vivienda, y, por tanto, “liberarían una plaza” para aquellas personas “que no tienen ese deseo o esa posibilidad porque no tienen esa estabilidad laboral”.
Así lo indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para desarrollar la línea de 2.500 millones de euros para avalar la compra de una primera vivienda, algo que podría alcanzar a unas 50.000 personas, según cálculos gubernamentales.
Con esta línea, el Ejecutivo busca profundizar en su objetivo de que el coste de la vivienda no suponga más de un 30 por ciento de la renta y dar respuesta a la situación en algunas ciudades en las que el coste del alquiler es superior a las cuotas hipotecarias. “Vamos a dar respuesta a ese 40 por ciento de personas que están en el mercado del alquiler y que destinan al mismo más del 40 por ciento de sus rentas, en definitiva, que se encuentran en estos momentos capturadas por el mercado del alquiler y que podrían salir de él para tener acceso a una vivienda digna”, explicó.
Las líneas de avales darán cobertura hasta el 20 por ciento de la compra de una primera vivienda a personas de hasta 35 años con dos años de residencia legal en España con unos ingresos inferiores a los 37.800 euros al año, límite que se amplía un 70 por ciento para familias monoparentales, hasta los 64.000 euros, y al doble, hasta los 75.600 euros, si la hipoteca la firman dos personas. Además, se incrementará en 0,3 veces el Iprem, unos 2.520 euros brutos anuales, por cada menor a cargo. El aval podrá cubrir hasta el 25 por ciento en caso de que la vivienda tenga una calificación ‘D’ o superior.
El plazo del aval será de un máximo de diez años desde que se formalice la operación, con independencia de la amortización del préstamo. Durante este plazo, la vivienda deberá ser la residencia habitual de la persona avalada y su arrendamiento estará limitado a que concurran circunstancias que exijan el cambio de vivienda, tales como celebración de matrimonio, separación, traslado laboral u obtención de un empleo más ventajoso.
Entidades financieras
El convenio con el ICO fijará un máximo valor de tasación de vivienda que se podrá avalar con esta línea y que podrá “fijarse en torno al ámbito territorial”, aunque podrá ser “modificado” por la comisión de seguimiento en función de las diferencias territoriales y de la evolución de los precios. No obstante, subrayó que el límite máximo de rentas implicará que los bancos no concedan hipotecas a partir de determinados importes.
El firmante de la hipoteca no podrá tener un patrimonio superior a los 100.000 euros. Rodríguez señaló que al convenio se tendrán que adherir las entidades financieras. “Nuestra vinculación es con el banco no con el cliente final. Con esta cobertura lo que hacemos es dar esa garantía que el banco igual no concedería la hipoteca si no tiene esta garantía adicional”, explicó.
La ministra afirmó que el Gobierno tiene “confianza” en que las entidades financieras se van a adherir al convenio por las “conversaciones” que se han mantenido con ellas desde el Ministerio de Economía, el ICO y el propio Ministerio de Vivienda.
Asimismo, indicó que el importe de los avales es una cantidad “muy importante” en comparación con otras comunidades que han desarrollado políticas similares en los últimos años. Comunidad de Madrid, Andalucía, Murcia y Baleares, todas bajo gobiernos del PP, han puesto en marcha este tipo de programas. Sumar y los socios del Ejecutivo, en cambio, han mostrado su oposición a esta medida de avales.
