El Tribunal de Cuentas ha desvelado que el Gobierno tuvo que recurrir en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario derivada de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023, según recoge Europa Press.
Es una de las conclusiones que el organismo fiscalizador ha extraído de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024, que aunque ha sido aprobada con una opinión favorable, incluye “salvedades o incidencias” que insta a corregir.
Una de ellas es que la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos “ineludibles” motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al considerar que no comprometían el cumplimiento del Plan de Recuperación.
El Tribunal expone que esta actuación se llevó a cabo bajo fundamentos jurídicos “que deberían haber quedado mejor justificados”, señalando que existe “incertidumbre” sobre el uso de estos fondos para financiar modificaciones presupuestarias fuera de su ámbito.
En cuanto a las obligaciones en pensiones, el organismo apunta que la prórroga presupuestaria ha provocado que las cuentas sigan siendo las de 2023, lo que ya en 2024 generó una infravaloración de 1.008,4 millones de euros en esta partida.
La Seguridad Social supera los 106.000 millones de deuda
Además, el informe advierte de que el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social se mantiene por octavo año consecutivo y ya supera los 106.000 millones de euros.
El balance del sistema se financia principalmente mediante préstamos del Estado, cuyo importe acumulado en 2024 alcanza los 126.170,2 millones de euros (7,91 % del PIB). Ante esta situación, el Tribunal insiste en la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo.
Entre otros datos, el informe señala que la Deuda del Estado ascendía a 1,46 billones de euros a cierre de 2024, y alerta de un “importante déficit estructural” en la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes, que alcanza los 2.677,3 millones de euros.
