El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha pronosticado que el Gobierno suprimirá la bajada del IVA a la electricidad, gas, gasolinas y gasóleos el próximo 30 de junio, una vez venza el plazo fijado en el primer paquete anticrisis para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.
Los técnicos de Hacienda han hecho esta consideración tras publicarse las prácticas recomendadas por la Comisión Europea para proteger a los consumidores y a la industria con el objetivo de una transición limpia a largo plazo, apoyar el ahorro energético inmediato, el despliegue rápido de soluciones limpias y fomentar las inversiones en eficiencia energética y la producción de energía.
Gestha ha mostrado su apoyo a la mayor parte de las recomendaciones de la Comisión Europea, entre las que se incluye la reducción de los impuestos especiales, pero considera que las bajadas generalizadas del IVA son contrarias al Plan de Acción de la UE para la Energía Asequible y a la estrategia de eliminación del trato preferencial para los combustibles fósiles.
Por otra parte, los técnicos de Hacienda han insistido en que la reducción de tipos impositivos y gravámenes en las facturas eléctricas son “medidas coyunturales y paliativas” para compensar a los consumidores de la subida de precios en la electricidad, pero no abordan las causas que la provocan. Por ello, proponen reducir los costes de transporte y distribución (peajes) y de las tarifas de acceso a la red, además de aplicar otras medidas previstas en el Plan europeo de Energía limpia.
En este sentido, Gestha ve un acierto que la Comisión recomiende que las medidas se orienten especialmente hacia los sectores más afectados y los hogares de medios o bajos ingresos, tal como había reclamado con anterioridad.
No obstante, los técnicos de Hacienda han reconocido que la Comisión incluye como prácticas de éxito algunas medidas españolas, como el abono único del transporte público colectivo, la ampliación del bono social térmico y eléctrico, el tope de precio al butano y propano, los incentivos fiscales a la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga, al autoconsumo eléctrico y a la rehabilitación energética de edificios de viviendas, especialmente en barrios más necesitados. También destacan la limitación del corte de suministro a hogares vulnerables y la promoción de comunidades energéticas, además de la suspensión temporal del Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica.
