El Anteproyecto de Ley de transparencia, acceso y reutilización de la información pública y participación ciudadana en los asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León está condicionado por dos leyes estatales, básicas en la mayoría de su articulado: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. El anteproyecto de ley muestra un articulado sencillo, centrado en aquellos aspectos que resulta necesario legislar –como mandato derivado de las normas citadas antes- y en los que de modo específico la Junta de Castilla y León ha querido avanzar y no se reiteran las obligaciones recogidas en las normas estatales, de obligado cumplimiento, según indican fuentes de la Administración autonómica.
El anteproyecto de ley analizado ayer en el Consejo de Gobierno consta de un título preliminar y tres títulos: transparencia de la actividad pública, comisionado y Comisión de Transparencia, y participación ciudadana. El primero de ellos se divide en tres capítulos que abordan, respectivamente, la publicidad activa, el derecho de acceso a la información pública y la reutilización de la información del sector público. El texto completo se detalla, a partir de la estructura indicada, en 18 artículos, tres disposiciones adicionales y cuatro disposiciones transitorias. A partir de la entrada en vigor de esta norma autonómica, todos los altos cargos de la Junta de Castilla y León estarán obligados a presentar una declaración de bienes, no solo cuando accedan al cargo –como ya se realiza- sino también al abandonarlo. Esas informaciones serán publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León. Y además, cada año deberán presentar su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
