La delegación zamorana ha estado encabezada por el presidente de la Diputación y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Fernando Martínez Maíllo. En la declaración institucional, han asegurado que esta Ley "va a realzar el papel de las corporaciones locales en el Estado de las Autonomías, poniendo fin al desequilibrio que se ha producido en su desarrollo. Las entidades locales han sido relegadas, hasta la fecha, a un papel inferior que no se corresponde con su papel político e institucional".
Las entidades locales van a tener con la reforma "la autonomía suficiente para ordenar y gestionar una parte de los asuntos públicos, tal y como declara la Carta Europea de Autonomía Local y pasan, por tanto, a ocupar el sitio que les corresponde dentro del sistema constitucional español, reconociéndoseles que las mismas son Estado, como lo son las Comunidades Autónomas".
En esta declaración, también han destacado que la reforma "va a eliminar la superposición de competencias entre administraciones, partiendo de la autonomía local constitucionalmente garantizada, rellenará el vacío normativo de atribución competencial a las entes locales de acuerdo a los principios de descentralización y subsidiariedad".
De esta manera "se reconoce el valor de la administración local, la que mejor conoce las necesidades cotidianas de los españoles por ser la más cercana a los ciudadanos. Una administración que, además, está demostrando su compromiso con los objetivos de austeridad y de rigor presupuestario, dando ejemplo al resto de administraciones públicas".
Además, los cargos locales electos del Partido Popular han destacado que se cumple así "el principio de lealtad institucional, ampliamente reivindicado por los municipios. Así, toda delegación de competencias del Estado o de la Comunidad Autónoma deberá ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual, con cobertura del cien por cien del coste del servicio y garantizado su cobro mediante mecanismos de reintegro preestablecidos como, por ejemplo, reteniendo cantidades adeudadas de participación en los ingresos del Estado".
"Ningún ciudadano verá mermados los servicios que recibe, sin importar su residencia, viva donde viva. No se va a suprimir ningún servicio, pero sí se establecen mecanismos para que no haya solapamientos ni duplicidades, sino solo una administración que lo preste", han afirmado y han asegurado que "se mantienen todos los servicios sociales, todos los ciudadanos recibirán atención social y servicios sociales. Su prestación queda garantizada en esta Ley con independencia de qué administración es la que asume la gestión, en razón de la distribución competencial o de la asignación eficiente de recursos".
Respecto al papel reforzado de las Diputación, la declaración institucional señala que las corporaciones provinciales, "con el consentimiento de cada Ayuntamiento, podrán ampliar y mejorar la labor que actualmente realizan de colaboración y coordinación, especialmente con los municipios más pequeños y del medio rural".
