Casi 11.200 habitantes de 15 municipios de más de 500 habitantes de Castilla y León carecen de punto presencial a servicios bancarios, a 30 de junio de 2026, entre otras cosas, gracias a la implantación de las oficinas móviles.
Con estos datos, la Comunidad está a la cola, y con diferencia, de la escasez de estos servicios en este tipo de poblaciones.Un informe sobre la inclusión financiera en España en los municipios mayores de 500 habitantes, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y al que tuvo acceso Ical.
Teniendo en cuenta la información más reciente disponible aportada por las patronales bancarias de las medidas a adoptar en los próximos meses, en este apartado se describe la evolución prevista de los 30 municipios de España que a finales de junio de 2026 no tienen punto de acceso presencial a los servicios financieros (excluidos los que han declinado alguna solución). De ellos, 17 se encuentran en espera de licitaciones públicas. En ellos residen 13.143 personas, por lo que la población financieramente excluida pasaría a 9.577 personas.
De este listado, nueve pertenecen a Salamanca, cuatro a Zamora y uno a León. De la primera son Aldearrubia, Moriscos, Encinas de Abajo, Galindo y Perahuy, Castellanos de Villiquera, Aldealengua, San Cristóbal de la Cuesta, Arapiles y Carrascal de Barregas; y de la segunda, Morales de Rey, Cobreros, Muelas del Pan y Quiruelas de Vidriales, y uno de León, Villasabariego.
Además, siete están en proceso de cambio de un punto de acceso o en conversaciones con algún ayuntamiento para habilitar una solución. En estos municipios residen 6.185 habitantes, por lo que la población con problemas de accesibilidad caería a 3.392 personas. Entre estos municipios hay uno de Castilla y León, Carcedo de Burgos.
La Asociación Española de Banca (AEB) la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) han publicado este Informe sobre la Inclusión Financiera en España 2025, elaborado por el Ivie, que actualiza, por quinto año consecutivo, el seguimiento de los avances realizados en el acceso a los servicios financieros en España.
