El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha aprobado en Pleno el inicio de otras dos fiscalizaciones correspondientes al plan de trabajo de este año, con lo que son nueve los informes puestos en marcha desde el pasado mes de marzo por parte del órgano de control externo. Trabajos que se suman a las 13 fiscalizaciones que se hallan en fase de elaboración, algunas de ellas muy avanzadas, correspondientes al plan anual de 2019 y que se irán remitiendo a las Cortes. Por otro lado, el presidente del Consejo, Mario Amilivia, volverá a comparecer en dos fechas ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico a lo largo del mes de julio para la presentación de distintos informes ya aprobados por el órgano de control y pendientes de este trámite, siete en la actualidad.
La institución con sede en Palencia acaba de dar luz verde a las directrices técnicas para el inicio de la fiscalización de los Servicios de Asistencia Técnica (SAT) de las diputaciones provinciales de Castilla y León, con especial incidencia en su actividad para evitar la falta de rendición de las Entidades Locales de su correspondiente ámbito territorial. Además, ha aprobado el proyecto de directrices técnicas para la fiscalización de la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales de Castilla y León, en coordinación con el Tribunal de Cuentas.
Fiscalización de los SAT de las diputaciones provinciales. Entre las actuaciones del Consejo de Cuentas destacan sus diversos informes de análisis del Sector Público Local, que inciden en los aspectos que afectan al ciclo presupuestario de las entidades locales y a la rendición de cuentas anuales. Esta fiscalización operativa permitirá tener una imagen clara de la situación de uno de los elementos clave en el impulso de la rendición, como son los Servicios de Asistencia Técnica de las diputaciones, al tiempo que supondrá poner al día el último de los informes que profundizó en la estructura, organización y funcionamiento de estos servicios técnicos cuyo referente fue el ejercicio 2011.
A 31 de diciembre de 2019 habían remitido la Cuenta General del 2018 un total de 3.343 entidades locales, el 70,4% de las integrantes del Sector Público Local de la Comunidad. En consecuencia, 1.407 entidades locales no habían rendido las cuentas de dicho ejercicio, es decir, el 29,6% incumplían dicha obligación.
En la etapa 2009-2018, diputaciones y ayuntamientos arrojan los mejores niveles de rendición de cuentas en Castilla y León, frente al comportamiento de las mancomunidades -con niveles que oscilan entre el 57,5 y el 62%- y las entidades locales menores, que después de alcanzar el 94,4% para el año 2013, retroceden hasta el 65,1% en 2018. A todo ello se añade el hecho de que el número de entidades con incumplimientos reiterados de rendición cobra especial importancia, afectando de forma muy especial a las de menor tamaño poblacional.
A 31 de diciembre, tomando como referencia la etapa 2013-2018, un 15% de las entidades existentes en 2018 (713 de un total de 4.750) no habían rendido las cuentas de 2 o más ejercicios. El índice de incumplimiento en esos 6 años se sitúa en el 11,9% para los ayuntamientos (267 de 2.248), sube al 15,6% en el caso de las entidades locales menores (347 de 2.219) y al 35,9% en el caso de las mancomunidades (98 de 273). Por el contrario, las diputaciones no incurren en esta situación.
Los objetivos de la fiscalización pasan por definir y analizar las actuaciones llevadas a cabo por las diputaciones en relación con los ayuntamientos que no rinden la cuenta, la situación de los puestos reservados a los funcionarios de habilitación nacional existentes en la Comunidad con funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y de contabilidad, y analizar las dotaciones de personal y estructura de los puestos de trabajo existentes en los SAT de las 9 diputaciones y del Consejo Comarcal de El Bierzo.
Fiscalización de la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales, en coordinación con el Tribunal de Cuentas. Es una fiscalización de cumplimiento que tratará de verificar el ejercicio, por parte de las diputaciones, de sus competencias en relación con la prestación de los servicios de administración electrónica a los ayuntamientos de municipios con población inferior a 20.000 habitantes, y la observancia y aplicación por los ayuntamientos de entre 10.000 y 20.000 habitantes de la normativa sobre administración electrónica.
También es una fiscalización operativa, por lo que se analizará la ejecución de las medidas y actuaciones establecidas en los programas presupuestarios destinados a la e-Administración, evaluando la mejora en la facilidad de acceso a los procedimientos por parte de los ciudadanos.
Los municipios de población inferior a 20.000 habitantes representan en Castilla y León más del 99% del total de 2.248, y suponen en términos de población algo más del 47% de 2,3 millones de habitantes. De entre los ayuntamientos a los que las diputaciones deben prestar servicios de administración electrónica, se ha seleccionado como ámbito subjetivo de la fiscalización aquellos que cuentan con población entre 10.000 y 20.000 habitantes, al ser los de mayor entidad: Astorga, La Bañeza y Villaquilambre, en la provincia de León; Béjar, Ciudad Rodrigo y Santa Marta de Tormes, en Salamanca; y Benavente, en Zamora.
En cuanto a la implantación de la e-Administración en los ayuntamientos se analizará en la muestra seleccionada el cumplimiento normativo de los asuntos claves para la transformación digital, como son la sede electrónica, los sistemas de notificación electrónica, la identificación y firma, el registro electrónico o la carpeta ciudadana, ente otros. Tanto en el caso de las diputaciones como de los ayuntamientos, se analizará la incidencia que en estos servicios haya podido tener el Covid-19.
