Una Asociación ‘A favor de las placas solares’, domiciliada en Valladolid, lleva varias semanas realizando la divulgación de datos de agricultores de Santa Eulalia de Tábara “sembrando” por las calles panfletos e incluso enviándolos por correo postal a los agricultores protagonistas y a los vecinos de la localidad, actuaciones que “solo han conseguido acrecentar conflicto existente entre los propietarios que están a favor de la instalación fotovoltaica y los que están en contra de hipotecar y destrozar sus propiedades”.
Lo folletines contienen datos personales como nombre y apellidos, datos de las Ayudas PAC que reciben los agricultores, las hectáreas que cultivan y el número de hectáreas propiedad de los agricultores en cuestión que se verían afectadas por el proyecto fotovoltaico promovido por la empresa EOSOL, todos y cada uno de los datos que figuran en ese documento, tanto los de carácter público como los de carácter privado, pueden ser consultados, pero en ningún caso pueden ser divulgados de esta forma.
La Asociación en Defensa de la Tierra de Tábara ha puesto en manos de sus abogados el asunto pues creen que, a parte de la vulneración de la Ley de Protección de datos, esta forma de actuar pudiera ser constitutiva de un delito de coacción por parte de los autores materiales y particularmente, de aquellos que, de forma maliciosa, han informado de la cantidad de hectáreas en propiedad que perdería cada uno de los agricultores, pues teniendo en cuenta que aún no hay ningún proyecto presentado en las diferentes administraciones que deben darle curso, resulta casi imposible que una asociación vallisoletana conozca las propiedades que se ven afectadas por el mismo.
Además, consideran que los autores, “aparte de poco informados, demuestran su falta de congruencia, increpan y tachan de insolidarios a los agricultores por defender sus propiedades, su patrimonio empresarial y su futuro, argumentando que los propietarios son libres de disponer de sus tierras exponiendo a la vez que estos agricultores solo perderán una parte de sus propiedades. Ante este despropósito nos surge la duda ¿Tiene menos derecho de disponer y tomar decisiones sobre sus propiedades un agricultor que un propietario que no lo es?”.
Recuerdan que varios agricultores están inmersos en un procedimiento administrativo para impedir que la empresa IGNIS le arrebate sus propiedades mediante un proceso de expropiación forzosa tras solicitar esta empresa la declaración de Utilidad Pública de la macro planta fotovoltaica planteada en Pozuelo de Tábara y Moreruela de Tábara, solicitud realizada antes de la obtención de licencias y permisos imprescindibles para la realización del proyecto y cuya presentación vician de nulidad la totalidad de los trámites administrativos relacionados con el procedimiento.
