La legislatura en la Diputación Provincial de Zamora comenzó el 27 de junio de 2023 con la investidura de Javier Faúndez Domínguez como presidente de la institución. Desde entonces, el círculo de colaboradores de confianza que trabaja directamente con él en Presidencia ha ido ampliándose hasta alcanzar, según los últimos nombramientos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, un coste anual de 252.063,70 euros en sueldos.
Se trata de personal eventual de libre designación, figuras habituales en las administraciones públicas para tareas de asesoramiento político o técnico directo al máximo responsable institucional. Su número, sin embargo, y la forma en que se informa sobre ellos suelen convertirse en objeto de escrutinio público, especialmente en instituciones provinciales de menor tamaño.
Seis asesores a finales de 2023
A finales de noviembre de 2023, la página web de la Diputación Provincial de Zamora reflejaba seis personas vinculadas directamente al presidente, con un coste anual conjunto de 220.523,35 euros. El equipo lo formaban Gabriel Carlos Ramos Montalvo, jefe de gabinete con una retribución de 46.227,97 euros anuales; Felipe Ferrero Matellanes, Mónica Baquedano Farragut y Juan Manuel Pedrón Alfonso, asesores técnicos con un salario de 38.954,21 euros cada uno; además de Ana Díez Fernández, asesora técnica de Presidencia con 28.152,30 euros anuales, y María Esperanza Saavedra Gutiérrez, secretaria particular con 29.280,45 euros. Este grupo constituía entonces el núcleo de apoyo político y técnico directo a la Presidencia de la Diputación.
Este grupo constituía entonces el núcleo de apoyo político y técnico directo a la Presidencia de la Diputación.
Nuevos nombramientos en los boletines oficiales
Sin embargo, los decretos publicados posteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia reflejan movimientos adicionales que elevan el gasto total.
El 2 de diciembre de 2025 se publicó un decreto de Presidencia mediante el cual se designaba un asesor técnico de área adscrito a Presidencia, con una retribución anual de 38.954,21 euros. El anuncio no incluía el nombre de la persona nombrada y se limitaba a identificar el puesto con el código 254, definido como personal eventual destinado al “asesoramiento técnico a nivel superior del área de Presidencia de la Corporación”.
A ese decreto se suma un nuevo nombramiento publicado el 6 de marzo de 2026, el de Enar Herrero Viñas, como asesora técnica de Presidencia, con un salario anual de 31.540,35 euros.Con estos movimientos, el número de personas de confianza vinculadas directamente al presidente alcanza siete y el coste total anual en sueldos asciende a 252.063,70 euros.
Con la información disponible no resulta sencillo determinar si los últimos nombramientos responden a nuevas incorporaciones o a sustituciones dentro de puestos ya existentes. Si se mantienen los seis asesores que figuraban en la web institucional en noviembre de 2023, el coste anual del equipo de confianza del presidente se situaría en 220.523,35 euros. Sin embargo, si a esa estructura inicial se suman los dos nombramientos publicados posteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia —el asesor técnico de área con una retribución de 38.954,21 euros y la asesora técnica de Presidencia Enar Herrero Viñas, con 31.540,35 euros anuales— el gasto total ascendería a 291.017,91 euros al año. La falta de actualización de la información institucional y la ausencia de identificación nominal en alguno de los decretos impiden confirmar con claridad cuál de estos escenarios refleja la composición actual del equipo de Presidencia.
Información pública desactualizada
La reconstrucción de esta estructura no resulta sencilla para el ciudadano. La web institucional de la Diputación continúa mostrando los datos correspondientes a noviembre de 2023, sin incorporar los cambios publicados posteriormente en el boletín oficial.
Este desfase obliga a consultar directamente los decretos oficiales para conocer la composición actual del equipo de Presidencia. Además, la falta de identificación nominal en alguno de los nombramientos impide determinar con total claridad si determinados puestos corresponden a nuevas incorporaciones o a sustituciones dentro de cargos ya existentes.
El resultado es un escenario en el que la información pública disponible no permite establecer con precisión el número exacto de asesores activos en cada momento ni el coste total actualizado de esta estructura de apoyo político.
Un círculo de confianza bajo escrutinio
Los cargos eventuales de libre designación forman parte del funcionamiento habitual de las administraciones públicas. Permiten a los responsables institucionales rodearse de colaboradores de confianza para tareas de coordinación política, asesoramiento técnico o comunicación.
Sin embargo, su número y su coste suelen generar debate público, especialmente en administraciones provinciales donde el tamaño de la institución contrasta con el peso que pueden adquirir estas estructuras.
En el caso de la Diputación de Zamora, el equipo de confianza del presidente supera ya el cuarto de millón de euros anuales en sueldos, mientras la información institucional accesible sigue anclada en datos de hace más de dos años.
Entre decretos publicados en el boletín oficial y una web institucional sin actualizar, conocer con exactitud quiénes son hoy todos los hombres —y mujeres— del presidente se convierte, para el ciudadano, en un ejercicio de reconstrucción administrativa. Lo único claro es que el círculo de confianza de Presidencia continúa creciendo y que su coste, al menos según los datos disponibles, ya supera ampliamente los 250.000 euros al año.
Por último, las dudas sobre la transparencia institucional no se limitan únicamente a la información relativa al personal eventual. También se perciben en otros ámbitos como la contratación pública. Los contratos menores correspondientes al último trimestre todavía no se encuentran publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, pese a tratarse de información que, de acuerdo con la legislación en materia de transparencia, debe ser accesible para la ciudadanía. Estos datos han sido solicitados por Zamora24horas al amparo de la Ley de Transparencia, sin que hasta el momento la Diputación haya facilitado su consulta ni haya proporcionado la documentación requerida, a pesar de tratarse de información de carácter público.
