Inician una recogida de firmas para cambiar la Ley del Menor ante la salida en libertad del asesino de Leticia Rosino

Una campaña ciudadana impulsada por la Fundación Leticia Rosino reclama la reforma de la legislación que regula la responsabilidad penal de los menores en España tras el asesinato de Leticia Rosino, ocurrido el 3 de mayo de 2018 en la localidad zamorana de Castrogonzalo.

La iniciativa, difundida a través de internet, ha superado ya las 568 firmas y busca promover cambios en la normativa actual para endurecer las penas en casos de delitos especialmente graves cometidos por menores de edad.

Un crimen que conmocionó a la provincia

Leticia Rosino, de 32 años, desapareció el 3 de mayo de 2018 tras salir a pasear por los alrededores de Castrogonzalo. Su familia denunció la desaparición y se activó un dispositivo de búsqueda. Horas después, su cuerpo fue localizado sin vida en las inmediaciones del municipio, con evidentes signos de violencia.

La investigación condujo a un menor de 16 años que finalmente reconoció haber cometido el asesinato. El caso generó una fuerte conmoción social en la provincia y abrió un debate sobre las penas previstas para menores que cometen delitos graves.

El Juzgado de Menores impuso al autor la pena máxima prevista por la legislación vigente: ocho años de internamiento en régimen cerrado, además de medidas posteriores de libertad vigilada.

Petición de cambio legislativo

La campaña solicita la revisión de la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de los menores, normativa que regula este tipo de casos en España y que está orientada principalmente a la reeducación y reintegración social.

Desde la fundación impulsora consideran que en crímenes especialmente graves como el asesinato deberían contemplarse condenas más severas y proporcionales, además de mecanismos que permitan que estos delitos queden reflejados en el historial del condenado.

Con la recogida de firmas, los promotores buscan abrir un debate público sobre la adecuación de la legislación actual y promover posibles reformas que refuercen la protección de las víctimas y de la sociedad.