La Junta de Castilla y León ha presentado un recurso ante la Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que “revoque o anule” la resolución de 10 de septiembre de 2013 que regula el copago de medicamentos hospitalarios.
Ante la respuesta negativa del Ministerio de Sanidad al requerimiento formal presentado el pasado mes de octubre, el Gobierno de Castilla y León ha decidido emprender acciones judiciales para solicitar la paralización de esta medida, según informan a zamora24horas fuentes de la Administración autonómica.
En particular, se solicita como medida cautelarísima la suspensión de la resolución de 10 de septiembre de 2013, por tratarse de “circunstancias de especial urgencia” referidas en la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. En el recurso se señalan las dificultades para implantarlo en la fecha señalada y las desigualdades que esta medida generaría entre las distintas comunidades, dado que “no se han aclarado a las comunidades autónomas todas las cuestiones técnicas imprescindibles para la implantación efectiva y homogénea, por ello, vista la cercanía de esa fecha y a los efectos de impedir el inicio de la aplicación a fecha 1 de enero de 2014, así como su aplicación por cada comunidad autónoma de modo divergente, es imprescindible la inmediata adopción de la medida cautelar que por este medio se solicita evitando la producción de un perjuicio de imposible o difícil reparación”.
Se argumenta de forma exhaustiva que la aplicación de la citada resolución generará distorsiones y desigualdades en el acceso de los pacientes a la prestación farmacéutica en los hospitales, distintas aportaciones en función del medicamento elegido pudiendo influir incluso en los criterios de selección del médico en función de la situación económica de cada paciente.
También se cuantifica el número de pacientes afectados en Castilla y León, cerca de 8.500, y se estima el impacto máximo previsto de la implantación de la aportación en la dispensación ambulatoria en servicios de farmacia hospitalarios de Castilla y León en un máximo de 200.000 euros anuales, en torno al 0,07 % del gasto farmacéutico hospitalario. Se concluye así que suspender la aplicación de la resolución “no va a provocar daño alguno, pues ni puede considerarse que tenga una finalidad recaudatoria tendente a mejorar las cuentas públicas en las que los gastos sanitarios son un componente fundamental, ni puede considerarse que tenga una finalidad disuasoria, pues en todo caso hablamos de pacientes crónicos que no pueden ni deben abandonar sus tratamientos”.
Igualdad de todos los usuarios
Además, en el recurso se considera que la suspensión solicitada como medida cautelarísima debe producir sus efectos en todo el Sistema Nacional de Salud, pues lo que se defiende es la igualdad de todos los usuarios.
Asimismo, se solicita también la adopción de medida cautelar al considerar infracción del principio de igualdad concretado en el ámbito de la prestación farmacéutica que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a obtener medicamentos en condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud, infracción que se deriva de la falta de certeza de la fecha de implantación de la medida por Comunidades Autónomas.
Y se reiteran los argumentos jurídicos ya planteados en el requerimiento presentado ante el Ministerio: la Resolución es nula de pleno derecho al haberse adoptado por un órgano manifiestamente incompetente; también es nula de pleno derecho por carecer del rango normativo exigido, según detallan las mismas fuentes.
