La Junta de Castilla y León ha presentado alegaciones al futuro Plan Hidrológico del Duero 2028-2033 para reclamar una ampliación de los regadíos en la Comunidad y frenar las restricciones contempladas en el documento preliminar elaborado por la Confederación Hidrográfica del Duero.
Entre las principales reivindicaciones figura una propuesta para incorporar más de 43.000 nuevas hectáreas de regadío, de las que 6.463 hectáreas corresponderían a la margen izquierda del río Tera, una actuación de especial interés para la provincia de Zamora.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural considera que el borrador del nuevo plan adopta un enfoque excesivamente restrictivo y advierte de las consecuencias económicas y demográficas que podrían derivarse de las limitaciones planteadas para el uso del agua en la agricultura.
"La sostenibilidad de la cuenca no puede descansar únicamente en reducir consumos y restringir usos agrarios", ha defendido la consejera María González Corral, quien apuesta por combinar la protección ambiental con nuevas infraestructuras, modernización de regadíos y mayor capacidad de regulación hídrica.
La propuesta de la Junta incluye actuaciones en varias zonas de Castilla y León, entre ellas la creación de una nueva zona regable en la margen izquierda del Tera, una reivindicación histórica en parte del medio rural zamorano.
El Ejecutivo autonómico sostiene que Castilla y León presenta un déficit estructural en materia de regadío, con unas 550.000 hectáreas regadas, equivalentes al 15% de la superficie cultivable, muy por debajo de la media nacional.
Además, subraya que la capacidad de regulación de la cuenca del Duero apenas alcanza el 30%, lejos de otras grandes cuencas españolas como el Ebro o el Tajo.
Otro de los puntos centrales de las alegaciones es la oposición a las limitaciones previstas para las concesiones de aguas subterráneas.
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La Junta rechaza las reducciones automáticas de entre el 10% y el 25% en determinadas modificaciones de concesiones y pide que cada caso sea evaluado de forma individualizada mediante criterios técnicos.
Según los cálculos recogidos en el propio documento de planificación, algunas de las medidas planteadas podrían provocar el paso a secano de 32.000 hectáreas de cultivo, generar pérdidas estimadas en 17,8 millones de euros anuales y comprometer la viabilidad de más de 3.000 explotaciones agrarias.
El Gobierno autonómico también reclama que los agricultores que han invertido en la modernización de sus sistemas de riego no vean reducidos sus derechos de agua por haber mejorado su eficiencia.
La Junta defiende que el ahorro conseguido gracias a las nuevas tecnologías debe considerarse una mejora en la gestión del recurso y no un motivo para recortar concesiones.
Asimismo, solicita una mayor coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Duero y las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas para planificar el futuro del regadío y garantizar la seguridad jurídica del sector.
La Administración autonómica recuerda además que ya se opuso al actual Plan Hidrológico del Duero, aprobado en 2023 pese al rechazo de la Junta y de las organizaciones de regantes, y denuncia que muchas de las inversiones comprometidas entonces siguen pendientes de ejecución.
