La Junta de Castilla y León ha comenzado ya a elaborar el nuevo mapa de unidades básicas de ordenación y servicios, que regirá cuando entre en funcionamiento la prestación de servicios regionales. El presidente de la Diputación ha asegurado hoy que la institución provincial planteará alegaciones y modificaciones "en función de lo que quieran hacer los ayuntamientos, pero hay que esperar a que la Junta elabore ese mapa primero".
En relación con la reforma de la administración planteada en la Ley nacional que en estos momentos se debate en el Congreso y que entrará en vigor en enero, Martínez Maíllo ha reiterado que la nueva normativa "no supone ningún riesgo para los servicios sociales, al contrario, porque se van a seguir firmando los convenios marco que se realizan ahora, pero lo vamos a hacer sabiendo que la competencia es autonómica y que de ahí debe proceder la financiación".
Maíllo ha recordado que en el caso de los servicios sociales de este año, la Diputación "lleva prestando esa cobertura social desde comienzos de año pero no ha sido hasta septiembre cuando se ha firmado el convenio con la Junta y, por tanto, hasta ese momento ha sido la institución provincial la que ha tenido que adelantar el dinero, y eso se va a solucionar con la nueva Ley".
Respecto a la polémica política surgida en el debate parlamentario nacional y el rechazo frontal que ha mostrado el Partido Socialista, Maíllo, que es vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha asegurado que en esa institución "el PSOE ha realizado aportaciones que se han consensuado e introducido en la Ley, lo que pasa es que ahora en la estrategia de Rubalcaba encaja mejor rechazar la Ley que apoyarla y por eso lo hacen, no por el contenido".
