Al igual que en ocasiones anteriores, la Consejería de Hacienda ha calculado el techo de gasto sumando los ingresos no financieros que prevé obtener en 2015 -8.331,7 millones, el 4,06% más- con los derivados del nuevo objetivo de déficit para el año que viene, que es el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) regional y equivale a 390,7 millones de euros.
A la cantidad resultante hay que añadirle 68,9 millones en concepto de ajustes positivos de la Contabilidad Nacional. El producto de todas estas operaciones son los 8.791.265.079 euros de gasto no financiero en los que como máximo podrá incurrir el Gobierno autonómico el próximo ejercicio, cantidad que es 63,1 millones superior a la del actual, en consonancia con la incipiente recuperación económica, que todo indica que se consolidará en 2015.
De hecho, a la cifra final se ha llegado tomando como base un cuadro macroeconómico en el que la Junta prevé un crecimiento del 2,2% del PIB el próximo año. Este dato tiene su correlato en el empleo medido en puestos de trabajo a tiempo completo, un indicador que se estima que se incrementará el 0,8% respecto a este año.
La decisión del Gobierno de Castilla y León de imponerse un límite de gasto no financiero supone “adaptar la actividad pública a lo que permite el ciclo económico”, según fuentes de la Administración autonómica. “Ello implica que en periodos como el actual la Administración se compromete a no incurrir en un endeudamiento excesivo, de la misma manera que asume la responsabilidad de destinar el superávit de las etapas expansivas a nutrir un Fondo de Reserva dirigido a amortizar deuda”, añaden.
Objetivo de estabilidad
La aprobación del límite de gasto responde a lo establecido en la Ley 7/2012 de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria de Castilla y León, que fue aprobada por las Cortes el 18 de octubre de 2012 y es de aplicación a todos los entes del sector público autonómico. La Junta ejecuta también la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Gobierno de España, a la que dio luz verde el Senado el 25 de abril de 2012.
Esta última regulación impuso tres condiciones a las autonomías a la hora de calcular su tope de gasto, que el Gobierno autonómico ha satisfecho plenamente. En primer lugar, que asegure el cumplimiento del 0,7% de déficit para 2015. En segundo término, que se sitúe por debajo del objetivo de deuda, que para Castilla y León asciende al 17% del PIB regional como máximo. Y para finalizar, que sea compatible con la llamada regla de gasto, es decir, que crezca por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional para el año que viene, fijada en el 1,3%.
El acuerdo sobre el techo de gasto se produce antes de la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2015, que de acuerdo con el artículo 89 del Estatuto de Autonomía debe efectuarse antes del 15 de octubre. La elaboración de las cuentas regionales del año que viene se inició formalmente el pasado 24 de julio, con la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la orden de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, por la que se dictaban las normas para su confección.
Como ya ocurrió en 2012, 2013 y 2014, el Anteproyecto de Ley de Presupuestos se está redactando de acuerdo con los criterios del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), con el fin de evitar desviaciones. De ahí que se intenten anticipar los ajustes de la Contabilidad Nacional, al igual que se hace con el límite gasto. Esto conlleva un examen minucioso de la situación financiera de los entes que se nutren de las arcas autonómicas, como las universidades públicas y determinadas empresas del sector público autonómico, puesto que su déficit computa en el de la Comunidad, según las mismas fuentes.
