Vecinos de la localidad zamorana de Villaferrueña han solicitado formalmente al Ayuntamiento que eleve al Pleno municipal una propuesta para pedir una auditoría externa de la gestión económico-financiera del Consistorio durante el periodo 2011-2026, coincidiendo con los años de gobierno del alcalde Gregorio Martínez.
La solicitud, registrada el 5 de junio de 2026 por Rafael M. Fuente Fernández, vecino empadronado en la localidad, se ampara en el derecho de petición y en los cauces de participación ciudadana previstos en la normativa de régimen local. El objetivo es que el Ayuntamiento acuerde instar al “Consejo de Cuentas de Castilla y León” a realizar una fiscalización independiente sobre el uso de los fondos públicos municipales.
Según los promotores, la petición no se basa en simples sospechas o valoraciones subjetivas, sino en una acumulación de antecedentes administrativos, judiciales, consultivos y técnicos que constan en autos, sentencias, dictámenes e informes referidos en el escrito. Dichos documentos, según se expone en la solicitud, avalarían la existencia de indicios suficientes de deficiencias de control interno, irregularidades administrativas y políticas, controversias en la contratación, dudas sobre ingresos públicos, expedientes medioambientales y posibles perjuicios económicos para el municipio.
Los vecinos denuncian que, durante los años de legislatura, el equipo de gobierno habría gestionado de forma ineficiente o malgastado “más de ocho millones de euros”, sin contar las subvenciones obtenidas a través de distintos programas y administraciones, entre ellas las vinculadas al “Plan Mixto”, el “Plan Rehabitare”, ayudas procedentes de la “Consejería de Presidencia”, de la “Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio”, así como “fondos europeos” y otras líneas de financiación pública.
A juicio de los solicitantes, Villaferrueña ha contado durante años con recursos relevantes procedentes, entre otros, de la planta de aerogeneradores, el coto de caza, aprovechamientos madereros y subvenciones públicas. Sin embargo, consideran que esa disponibilidad económica no se ha traducido en una mejora proporcional de los servicios municipales, infraestructuras o calidad de vida de los vecinos.
La petición hace especial mención a la zona de las “antiguas escuelas”, donde, según los vecinos, se han venido adjudicando durante más de diez años diversas ayudas para la construcción y adecuación de instalaciones. Los promotores señalan que el montante destinado a este entorno estaría cercano a los “750.000 euros”, sumando tanto subvenciones públicas como fondos propios del Ayuntamiento.
Pese a ello, denuncian que todavía no se ha implantado ningún servicio social efectivo en dichas instalaciones, lo que, a su juicio, evidencia una gestión ineficaz de los recursos y un perjuicio para las arcas municipales, además del deterioro o desaprovechamiento de materiales y obras vinculadas a esos proyectos. El escrito registrado cita diversas actuaciones e informes conocidos desde 2020 por instituciones como la Fiscalía, juzgados de instrucción, la Audiencia Provincial de Zamora, el Procurador del Común de Castilla y León, el Consejo Consultivo de Castilla y León e informes internos municipales.
Entre los antecedentes mencionados figuran actuaciones del Procurador del Común, el “Dictamen 122/2023 del Consejo Consultivo de Castilla y León” sobre el coto de caza municipal ZA-10.025, la “Sentencia 97/2023 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Zamora”, autos de 2025 relacionados con la gestión municipal, expedientes medioambientales y un informe de control interno municipal de 2021.
Los promotores subrayan que estos documentos no son referencias accesorias, sino el principal soporte objetivo de la petición. A su juicio, los autos, sentencias, dictámenes e informes técnicos citados contienen elementos suficientes para justificar una revisión externa de la gestión municipal, ya que en ellos se habrían puesto de manifiesto actuaciones administrativas cuestionables, deficiencias en los procedimientos, falta de control y posibles efectos económicos negativos para el Ayuntamiento.
Aunque no existe condena penal por prevaricación, debido a la inexistencia de dolo (aviso por parte del secretario), los vecinos insisten en que la ausencia de condena no equivale a una validación política, administrativa o económica de la gestión municipal. Recuerdan que una resolución penal puede descartar la existencia de delito por no quedar acreditado el dolo exigido, pero ello no impide que persistan irregularidades administrativas, responsabilidades políticas o perjuicios económicos que deban ser revisados por los órganos competentes.
Por ello, los solicitantes consideran imprescindible aclarar el destino de los fondos públicos, la legalidad de los procedimientos, la correcta justificación de las subvenciones y la posible existencia de perjuicios económicos para el municipio. La auditoría reclamada debería revisar, entre otras cuestiones, los ingresos municipales por actividades y fiestas, la tesorería, caja, arqueos, justificantes y conciliaciones bancarias entre 2011 y 2026, la contratación y gasto municipal, los contratos menores, posibles fraccionamientos, pagos, expedientes medioambientales, la gestión del coto de caza municipal y actuaciones relacionadas con edificios e instalaciones municipales.
Los promotores piden que el Ayuntamiento facilite toda la documentación necesaria: contabilidad, extractos bancarios, expedientes de contratación, justificantes de gasto, licitaciones, pagos, subvenciones recibidas y cualquier otro documento requerido por el órgano fiscalizador.
El escrito fue registrado el 5 de junio de 2026 y solicita una resolución expresa y motivada en el plazo máximo de tres meses, conforme a la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición. Los vecinos señalan que, transcurrida ya una parte sustancial de dicho plazo, aún no han recibido respuesta formal del Ayuntamiento. Consideran que esta falta de contestación incrementa la preocupación sobre la transparencia institucional y la voluntad real del equipo de gobierno de someter su gestión a una fiscalización externa e independiente.
Los promotores defienden que la auditoría no debe entenderse como una cuestión partidista, sino como un ejercicio básico de transparencia, responsabilidad política y control democrático. Recuerdan que incluso el concejal de la oposición, bajo las siglas de Izquierda Unida, se ha mostrado de acuerdo con que la gestión municipal sea revisada por un órgano competente.
Los vecinos consideran que, tras quince años de controversias documentadas en informes, expedientes, resoluciones, autos y sentencias, el Ayuntamiento de Villaferrueña debe abrir sus cuentas y permitir que una institución externa determine si los recursos públicos han sido administrados conforme a la ley, con eficiencia y en beneficio del interés general.
En caso de que no exista respuesta en plazo o se produzca una denegación no motivada, los promotores no descartan trasladar los hechos a otras instituciones de control, al Procurador del Común, a la Junta de Castilla y León, a los medios de comunicación o a la Fiscalía competente.
La solicitud de auditoría pretende, en definitiva, aclarar el destino de los fondos públicos, comprobar si las irregularidades señaladas en los documentos citados han tenido consecuencias económicas para el municipio, depurar posibles responsabilidades administrativas y/o políticas y restaurar la confianza de los vecinos en la gestión municipal. Para los promotores, la transparencia en Villaferrueña ya no puede seguir aplazándose: es una obligación democrática.
