Los dos concejales socialistas han optado por continuar con su acta de concejal y pasar a lo que se llama “situación por servicios especiales.” En el caso de Gil Negrete al ser funcionaria en el área de Intervención y en el caso de Javier López, como personal laboral profesor en excedencia en la Escuela de Música.
El pase a estas situaciones implica que los concejales socialistas dejan de percibir sus retribuciones como empleados públicos y sólo tendrán derecho a las indemnizaciones por la asistencia a plenos o comisiones.
“Tener un cargo político es una responsabilidad y no un privilegio. Debiendo primar el interés general frente al particular, y esa misma responsabilidad y respeto la adquirimos hacia los toresanos y muy especialmente con los votantes del PSOE.”
Por su parte, Carlos Rodríguez agradeciendo y valorando el altruismo de ambos concejales puntualiza que “en la vida hay que tomar decisiones valientes, Es preferible arriesgarse convencido por unas ideas que arrepentirse dentro de unos años por no haberlo hecho”.
Vicenta Gil-Negrete afirma que han sido muchos los comentarios recibidos de ciudadanos, compañeros o familiares que, ante lo denostada que está la política hoy en día, se preguntan si valdrá la pena el esfuerzo y dejar por un tiempo su empleo ni siquiera por un día, a lo que responde de manera tajante que “si hay algo claro y esencial en este grupo municipal socialista son los valores que deben acompañar la actividad política: la honestidad y la lealtad institucional, anteponiendo los intereses de Toro por encima de cualquier otros.”
El portavoz socialista, Carlos Rodríguez insistió en que “a la política se viene a servir; no a servirse. Para ser concejal se requiere vocación de servicio público, no se trata de acceder a una liberación o garantizarse el cobro de una dieta. Ser representante municipal es algo que se ejerce con la dignidad que merece el puesto y se ejemplariza con su acción.”
La incompatibilidad la marca la Ley del Régimen Electoral General ya que no es posible ser al mismo tiempo concejal y empleado en la misma corporación. El motivo no es otro que el de salvaguardar la objetividad e imparcialidad en el desempeño de la función pública.
