La diferentes administraciones públicas contaban en Castilla y León en el mes de julio del 2023 con un total de 176.374 empleados, lo que supone 10.636 más que en las mismas fechas de 2022, con un avance del 6,4 por ciento. El dato responde a la incorporación por parte del Gobierno en sus cifras del personal en formación y prácticas y del laboral con contrato de duración inferior a seis meses.
Así, en la base de este aumento en el personal del Estado, las autonomías y las corporaciones locales, está un cambio metodológico introducido a la hora de contabilizar a estos trabajadores por parte del Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública, para cumplir con la reforma administrativa comprometida por el Gobierno con Bruselas dentro del Plan de Recuperación. El número de empleados públicos en España, se disparó con la nueva metodología un 8,6 por ciento, 236.461 trabajadores más, hasta 2,96 millones.
La cifra de crecimiento del número de trabajadores contratados por el sector público castellano y leonés es muy destacable si se tiene en cuenta que en 2022, los empleados al servicios de las administraciones de la Comunidad, habían descendido en 2.391 efectivos, con una merma porcentual del 1,4 por ciento.
El número de trabajadores públicos alcanzó además en julio de 2023, el segundo dato más elevado de ese mes de la serie, solo superado en 2011, cuando se alcanzaron los 178.577 (el máximo se alcanzó en enero de 2010, con más de 180.000), según se precisa en el Boletín Estadístico de personal al servicio de las administraciones públicas, analizado por Ical.
El secretario de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de Castilla y León, Tomás Pérez, explicó que ha habido más oposiciones que han elevado las plantillas públicas, pero introducir al personal en práctica o formación en las estadísticas es “mentir a la población, es inflar los datos y engañar”.
En este sentido, recordó que esas personas en prácticas que pueden estar inscritas al paro, están de forma coyuntural, formándose durante un periodo corto, y su presencia no rebaja la carga de trabajo, sino que la aumenta, porque hay que estar encima de ellos. “Es una anomalía estadística”, dijo, para asumir que entiende que se incluyan los laborales con contratos de menos de seis meses, porque asumen trabajo, sobre todo en las sustituciones del verano.
Pérez defendió que con todo, habría que redistribuir el empleo público, porque puede estar sobre dimensionado en algunas administraciones locales, cuando se necesitan más profesionales para sanidad, educación y servicios sociales, con ratios por debajo de la media europea, que empeorarán porque “hay una generación muy amplia que se va a jubilar”.
Análisis por administraciones
Un análisis por administraciones revela que el mayor crecimiento del número de empleados públicos entre julio de 2022 y de 2023 se produjo en la Junta, que sumó 6.874, con una subida relativa del 7,1 por ciento, hasta los 103.955 efectivos. Unas administraciones autonómicas, que en su conjunto daban empleo en julio del año pasado, a 1,84 millones de trabajadores, un 14,1 por ciento más que en 2022, tras aflorar los nuevos empleos.
En cuanto al Estado, tenía contratados en Castilla y León, a 36.476 efectivos en el séptimo mes de 2023, lo que representa 2.796 más que en 2022 por las mismas fechas, con un crecimiento porcentual del 8,3 por ciento. En el conjunto nacional, la Administración del Estado daba empleo a 528.190 trabajadores, un 2,4 por ciento más que en 2022.
Por su parte, las corporaciones locales tenían a su servicio en la Comunidad a 35.943 personas, y sumaron en el año de análisis a 966 trabajadores, con un incremento relativo del 2,8 por ciento, frente a un descenso de las plantillas de estas administraciones en el conjunto nacional del 0,7 por ciento, gasta los 594.225 efectivos.
Un análisis provincial de las plantillas del conjunto de las administraciones públicas en la Comunidad, refleja crecimientos del número de trabajadores en todos los territorios, tras la introducción del cambio metodológico dirigido a ofrecer una imagen más realista del peso del empleo público en España.
En concreto y siempre según los datos que aporta el ministerio que dirige José Luis Escrivá, que advierte de que con la nueva metodología las cifras anuales que facilita en sus series sobre personal público ya no son homogéneas ni comparables, el mayor incremento del personal al servicio de las administraciones públicas se registró en Ávila, un 25,3 por ciento, hasta los 13.465 trabajadores a julio de 2023.
Asimismo, las plantillas públicas en las provincias de Salamanca, 26.089, y Valladolid, 38.780, se elevaron un 7,1 y un siete por ciento, respectivamente. Además, crecieron los empleados públicos en Soria (8.4539, un 6,3 por ciento; y en Zamora (11.362), un 5,4 por ciento puesto que en julio de 2022 contaba con 10.777, por lo que se ha experimentado un incremento de 585 empleados públicos más
Por último, en Burgos (23.402), se elevaron un 3,9 por ciento; en León (31.837), un 3,8 por ciento; en Palencia (10.837), un 2,3 por ciento; y en Salamanca (12.149), un 2,1 por ciento.
