La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio realizó el año pasado más de 3.000 muestras a jabalíes sospechosos de peste porcina que aparecieron muertos, entre los que no se incluyen los atropellados en accidentes de tráfico. Todos ellos resultaron negativos. Ahora, con la orden recientemente aprobada para reducir la población de este suido, en vigor hasta febrero de 2027 (con posibilidad de anularla antes o de prorrogarla), y bajar las posibilidades de esta enfermedad en la Comunidad, este número de análisis se incrementará, pues habrá que hacérselas a todos aquellos cadáveres de jabalíes que se hallen en el monte, además de un muestreo al azar en cada batida.
El titular de la Consejería, Juan Carlos Suárez-Quiñones, apuntó, en declaraciones a Ical, que se trata de una acción “coordinada” con el sector de la caza “desde el primer momento”, además de con la Consejería de Agricultura, más allá de que la PPA no es una zoonosis que pase al hombre, “pero por si acaso estaba toda la estructura de la Junta trabajando”.
La Junta, dijo, “ya tenía previamente la convicción de que la población del jabalí se había incrementado muchísimo”, motivo por el que se introdujo en la ley de caza del año 2021 la figura de emergencia cinegética, la cual ya se declaró para este animal, para el que además existe un plan de gestión, “porque es notoria su invasión”, no solo en el medio natural, sino “también las ciudades”. Por este motivo, la caza del animal se elevó hasta el punto de que en el año 2012 se cazaron 29 jabalís en la Comunidad frente a los 52.000 del último al año.
“Necesitamos bajar la densidad del jabalí en los lugares de interés que están en contacto con el ganado porcino”, insistió el consejero, quien recordó que con esta nueva declaración de emergencia cinegética “se han flexibilizado al máximo los requisitos de tiempo, de modalidades, de presentación de documentos”. En este sentido, previó que “se amplíe de forma muy relevante la caza del jabalí”, a través de una medida que, consideró, “ha sido muy bien acogida” por las organizaciones profesionales agrarias y por el sector de la caza, con cuya Federación se reunión con la Consejería antes de elaborar la orden “para adecuarse a lo que es correcto”.
“Creo que va a ser una orden muy útil y que va a rebajar la población de jabalí a todos los efectos”, sostuvo Suárez-Quiñones, quien tranquilizó que la peste porcina “no ha llegado a Castilla y León y está a muchos cientos de kilómetros”, pero abogó por “estar preparados y prevenidos para evitar que llegue y que se transmita”. No solo beneficiará al control de la enfermedad, dijo, sino también a la reducción de los accidentes de tráfico, de los daños a la agricultura y de la transmisión de otras enfermedades, como la tuberculosis.
Gripe aviar
En materia de sanidad animal, el consejero de Medio Ambiente abordó también la afección de la gripe aviar en la Comunidad, principalmente en Valladolid, donde varias granjas se vieron afectadas en la comarca de Olmedo.
Dado que las aves silvestres son las que operan como animal transmisor del virus, y aunque la competencia corresponde a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Suárez-Quiñones explicó que la Junta “sigue un protocolo y una red de vigilancia para las aves silvestres muertas” a través de los agentes medioambientales, celadores y servicios territoriales, que “tienen un determinado proceder a efectos de realizar las analíticas correspondientes y determinar si es gripe aviar o no”. Por lo tanto, prosiguió, a pesar de la mejoría y de que hace un mes y medio que no hay focos positivos, sigue vigente el protocolo y las actuaciones preventivas “para evitar que pueda extenderse y que pueda haber un problema para las aves no silvestres”.
Cabe recordar que el 9 de diciembre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural retiró las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar, establecidas desde septiembre, periodo en el que se declararon siete focos en la zona del sur de Valladolid.
Este hecho supuso la declaración de las zonas de protección (0 a 3 kilómetros alrededor de cada foco) y vigilancia (3 a 10 kilómetros alrededor de cada foco) para cada uno de ellos, distancias que más tarde fueron ampliadas a 20 kilómetros., una resolución que ahora queda sin efecto, dada la mejoría de la situación y al no haberse decretado más focos.
