Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia recurrirán judicialmente la orden ministerial que incluye al lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE) si éste llega a publicarse y seguirán su propia estrategia basada en censos actualizados, apoyo en sus equipos técnicos y la experiencia de su gestión. Proponen elaborar sus propios censos de población y una estrategia común de gestión de las cuatro autonomías (CCAA) en caso de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) no retire la orden ministerial antes del próximo 15 de junio.
Así lo han anunciado hoy en la ciudad de León los consejeros de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; de Cantabria, Guillermo Blanco; de Asturias, Alejandro Calvo, y de Galicia, Ángeles Vázquez- acompañados por sus directores generales-, tras mantener un encuentro con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) nacionales –Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA; Miguel Blanco, secretario nacional de COAG, y Aurelio González, de la directiva nacional de UPA- para informales de las medidas conjuntas que las cuatro comunidades autónomas van a adoptar ante la decisión del Gobierno de España de seguir adelante con su propuesta de dotar al lobo de una mayor protección.Posteriormente, el consejero de Castilla y León se ha reunido con los representantes regionales de las OPAs: UCCL, COAG, UPA y ASAJA.
Tal y como ha explicado el consejero de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la decisión conjunta que han tomado junto a las organizaciones profesionales agrarias comenzará con la exigencia de la retirada inmediata de la propuesta de orden ministerial, ya que en caso contrario, las autonomías que albergan a la mayor parte de la población de lobos en la Península Ibérica elaborarán seguirán el que entienden que debería haber sido el procedimiento lógico y coherente, primero elaborar un censo de la población que permita saber cuál es el verdadero estado de la población y seguidamente diseñar una estrategia conjunta de gestión de la especie de las cuatro comunidades autónomas que será trasladada tanto al Gobierno como al resto de comunidades autónomas para su consideración y discusión en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, órgano que formalmente es que debe acordar su aprobación.
En caso de que finalmente llegue a publicarse la Orden Ministerial sin antes haber consensuado una estrategia de gestión con las CCAA, las OPAS y resto de actores implicados, Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León presentarán un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo y se pedirán “medidas cautelarísimas” con las que poder paralizar la eficacia de la orden ministerial hasta el pronunciamiento final de los tribunales.
La actual propuesta de orden carece del rigor científico necesario. El propio informe en el que se basa la inclusión ya advierte que el lobo está en un estado de conservación favorable y que los únicos motivos de inclusión son culturales y ecológicos, motivos que por otro lado entienden las comunidades autónomas que ya están contemplados en sus planes de gestión.
Este cambio de estatus legal de la especie iría en contra de la actual estrategia, acordada en el año 2005 por unanimidad de todas las CCAA. ES decir, el propio estado estaría actuando en contra de sus propios acuerdos.
También se ha recordado que las mejores poblaciones de lobo son las que se encuentran en el norte del río Duero, justamente donde se está aplicando un modelo de gestión que ahora se quiere cambiar por otro que ha llevado a la desaparición de las poblaciones protegidas de Sierra Morena, en Andalucía, y Castilla la Mancha.
El actual modelo de gestión está perfectamente enmarcado en las Directivas europeas de conservación y ha permitido que las poblaciones de lobo colonicen nuevos territorios, por tanto, todo indica que la decisión tiene no se apoya en argumentos técnicos sino ideológicos, aunque estos perjudiquen la gestión de la especie y de la convivencia en el medio rural.
Se ha vuelto a ofrecer al Ministerio la formación de una mesa de trabajo conjunta, donde se pueda trabajar sin el condicionante ahora impuesto de considerar al lobo incorporado en el listado de especies de interés especial (LESPRE). Esto permitiría revisar y actualizar la actual estrategia nacional de conservación y gestión del lobo como primer paso fundamental para lograr el consenso y el diálogo necesarios para lograr una solución a este conflicto.
En defensa del medio rural
El consejero Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez, lamenta que el Ministerio haya roto el diálogo y el consenso respecto a establecer un marco de entendimiento para llevar a cabo la conservación y gestión del lobo, como se ha hecho hasta ahora, y ha indicado que “nos vemos obligados a tomar decisiones que nos llevan a un escenario que no nos gusta y que no se corresponde con el actual estado de derecho democrático en el convivimos. Nuestra finalidad siempre ha sido defender a la ganadería de nuestros territorios, hacer posible su convivencia con el lobo, y evitar el enorme peligro que supondría incluir al lobo en el LESPRE”.
El consejero de Cantabria, Guillermo Blanco, ha denunciado “el desprecio” del Gobierno de España con el pronunciamiento de los parlamentos regionales y la ‘Carta Abierta en apoyo a una gestión del lobo basada en el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia’, iniciativa promovida por Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, y que cuenta con el apoyo de otras cinco comunidades autónomas (País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia y Andalucía), la ciudad autónoma de Ceuta, las Organizaciones de Profesionales Agrarios (OPAS) a nivel nacional, la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), así como otras organizaciones y asociaciones agrarias y ganaderas, además de colegios profesionales y el Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios de España. Ha recordado la falta de respuesta a todas las propuestas técnicas y alegaciones presentadas por las CCAA en defensa de su modelo de gestión en un proceso donde está faltando el dialogo y la comunicación con quienes gestionan la especie.
La consejera de Galicia, Ángeles Vázquez, ha considerado que la decisión del Ministerio es una auténtica amenaza para lograr el equilibrio necesario en la convivencia entre el lobo y el ser humano, especialmente ante el incremento exponencial de ejemplares en los últimos años, y también ha lamentado que el Ministerio haya decidido romper el consenso con las comunidades autónomas. “Para tener biodiversidad tenemos que tener diálogo y empatía con la sociedad”, ha subrayado Vázquez, quien se ha mostrado contraria a proteger en exceso una especie si eso conlleva que otras sean más vulnerables.
El consejero del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, también ha defendido la recuperación del diálogo y el consenso entre las comunidades autónomas y el Estado para poder gestionar de manera adecuada un asunto “tan complicado” como la coexistencia entre la ganadería y el lobo.Calvo ha considerado necesario que los planes de gestión de las comunidades autónomas puedan seguir vigentes y que el Ministerio no los modifique con sus decisiones, al tiempo que ha abogado por incluir la gestión de la ganadería extensiva en las políticas de biodiversidad y en la futura estrategia de gestión del lobo ibérico y su conservación.
Con el apoyo de las organizaciones agrarias nacionales
En la rueda de prensa posterior a la reunión, los representantes de las organizaciones profesionales agrarias nacionales UPA (Aurelio González), COAG (Miguel Blanco) y ASAJA (Pedro Barato) han coincidido en felicitar a las cuatro comunidades autónomas por la defensa férrea que están haciendo del sector ganadero y ha reiterado al Ministerio que retire de manera inmediata la orden ministerial que incluye al lobo en el LESPRE.De hecho, los representantes de las OPAs han solicitado la dimisión de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en caso de no dar marcha atrás en su postura, y han anunciado movilizaciones en defensa del sector ante “el atropello y los ataques constantes” que está sufriendo el sector por parte del Gobierno de España.
