La Confederación Hidrográfica del Duero, organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, sigue realizando un minucioso control de las aguas subterráneas de la cuenca, en especial las situadas en su zona central por ser las sometidas a mayor explotación, con el fin de conocer la evolución de su estado y evaluar la incidencia de la sequía en su recuperación.
El comisario de aguas de la CHD, Ángel González Santos, que ha participado hoy en la jornada sobre el cultivo de patata organizada en Valladolid por la Asociación de Productores de Castilla y León, ha señalado que los datos más recientes de la red de control piezométrico revelan un descenso significativo en algunas áreas de las masas de agua de Medina del Campo y Tordesillas durante el último año.
En este sentido ha precisado que, en la actualidad, la situación es desigual, “pero se han detectado descensos importantes de niveles en algunos piezómetros, superiores a los valores medios de los últimos años, en aquellos meses que coinciden con las mayores necesidades de agua para los cultivos.”
Aunque en la campaña 2017 no se han establecido restricciones al uso del agua subterránea como sí ha ocurrido con las superficiales, el seguimiento de niveles en los piezómetros permitirá identificar la tasa de recarga durante el invierno y primavera de 2018, lo que determinará si la Comisión Permanente de la Sequía considera conveniente establecer límites al uso del agua en la zona central de la cuenca, que comparten las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora
Revisión en 2021
Las cuatro grandes masas de agua subterránea allí localizadas –Los Arenales, Medina del Campo, Tordesillas y Tierra del Vino- comprenden una superficie de regadío de 88.000 hectáreas que es objeto de especial seguimiento por parte de la CHD, cuya evolución será recogida en la revisión del Plan Hidrológico de cuenca previsto para 2021.
La actual normativa incluye limitaciones a nuevos aprovechamientos de más de 7.000 metros cúbicos al año en la mayoría de los municipios afectados, para evitar la sobreexplotación, “y en el futuro podrían adoptarse medidas adicionales, como la declaración de riesgo, si no se identifica una recuperación de niveles y una mejora en la calidad del agua” concretó González Santos.
En su intervención, el comisario también ha abogado por la creación de comunidades de usuarios de aguas subterráneas –ya hay treinta en constitución- como fórmula adecuada de gestión colectiva para afrontar el futuro, “por sus ventajas de ahorro, funcionamiento participativo y flexibilidad de usos, lo que permite la rotación de cultivos que se requiere en zonas de remolacha, patata y hortícolas”.
