COAG explica que los agricultores están dispuestos de nuevo, como sucedió en la pandemia, a salvar la situación, pero para ello debería aparcarse la próxima PAC 2023-27 y flexibilizar totalmente la actual para que haya absoluta libertad productiva, tanto en las normas de producción para permitir un incremento de la superficie de cultivos COP, como en el empleo de fitosanitarios para poder luchar contra las plagas (las exigencias medioambientales deberían pasar a una época de moratoria).
Con relación a la trinidad de los costes de producción: piensos, energía y fertilizantes, habría que bajar impuestos, actuar con beneficios en el IRPF (reducción de módulos), igualar el iva repercutido en ganadería a la agricultura, establecer préstamos a fondo perdido y ayudas para la adquisición y modificar los procedimientos de cálculo del precio de la energía.
La guerra es también contra los cereales. Literalmente. Un barco ucranio cargado de trigo que navegaba por el mar Negro sufrió el impacto de un misil ruso. Por eso, COAG cree que ya no queda ni una sola alarma que dispararse: a los efectos económicos de la pandemia, a la crisis de las materias primas, se unen a hora las secuelas de la guerra (Ucrania y Rusia producían un tercio del cereal mundial), y sobre todo los efectos secundarios que revertirán en Europa por las medidas de bloqueo a Rusia.
Hace solo 6 meses COAG avisaba de que la nueva PAC se había quedado obsoleta y que urgía diseñar una nueva que diera respuesta al escenario que había creado la enfermedad del coronavirus. COAG aludía a 4 estudios realizados por reputados organismos internacionales que advertían de amenazas a la seguridad alimentaria, de un desmedido crecimiento del precio de los alimentos y de una disminución de las producciones en Europa. Todos acertaron. De hecho, el comisario de Agricultura de la Unión Europea, Janusz Wojciechowski, ya reconoce abiertamente que hay que revisar la estrategia de la granja a la mesa de la nueva PAC porque puede poner en peligro la propia seguridad alimentaria. Y el ministro de Agricultura español, Luis Planas, asume ya que “hay que replantear decisiones y cambiar prioridades (o sea, revisar la nueva PAC) para garantizar la seguridad alimentaria”.
COAG se pregunta por qué han esperado tanto y con qué urgencia se tomarán las nuevas medidas, dado que los acontecimientos van a muchísima más velocidad que las soluciones. Como suben a gran velocidad los precios de los imputs agrarios. Hoy a 1,20€ el litro de gasóleo B; 545 € el megavatio eléctrico; 440,75 € la tonelada de trigo, 368,75 € la de maíz y a 846,25 la tonelada de colza, según datos de la Bolsa de París.
COAG considera que la inseguridad alimentaria (que puede también presentarse en forma de descomunal crecimiento del precio de los alimentos y que por ello dificulte el acceso a los mismos de las capas sociales menos favorecidas) ya está aquí. Y pide urgentemente que todas las exigencias que impone la PAC a la hora de producir sean temporalmente aplazadas o ralentizadas o flexibilizadas para garantizar una producción de alimentos que evite el desabastecimiento de la comida para humanos, y para animales y, en último extremo, una desmedida escalada del precio de la cesta de la compra que según todas las señales se espera que se produzca en breve.
Por ejemplo, en relación a la trinidad de los costes de producción, que son piensos, energía y fertilizantes, habría que bajar impuestos, actuar con beneficios en el IRPF (reducción de módulos), igualar el iva repercutido en ganadería a la agricultura, establecer préstamos a fondo perdido y ayudas para la adquisición, modificar los procedimientos de cálculo del precio de la energía (que no tenga tanto peso el gas, etcétera en su cálculo). En definitiva, se pueden diferenciar las necesidades básicas en la economía de las que no lo son. No es lo mismo regar un cultivo que comprarse un Ferrari. Se trata de una situación excepcional en la que prima el abastecimiento de la población, ¿no?
Pero “mientras que los agricultores y los ganaderos llevan años sin que los precios que perciben por sus productos aumenten, la industria alimentaria presentó el año pasado uno de los mejores resultados económicos de toda su historia. Sepamos quien empuja hacia arriba el precio de los alimentos”, explica Lorenzo Rivera, coordinador de COAG. He ahí como ejemplo el viacrucis que los ganaderos emprenden cada poco tiempo por las factorías lácteas de la región desarrollando protestas para que la leche sea pagada solo unos céntimos más, ligeramente por encima de lo que cuesta producir. Pero las industrias no ceden, a pesar de sus excelentes resultados económicos. No parece haber voluntad política para que ley de la cadena comience a ser utilizada para racionalizar los precios pagados al ganadero.
Todo lo que sucede en el campo se refleja en el lineal. El crecimiento de los costes de las materias primas unidos al beneficio de las empresas, han llevado el precio de los alimentos a niveles históricos. Tanto, que la FAO registró en febrero el mayor crecimiento de los alimentos de toda su historia.
Parece que los agricultores han de ser otra vez, como sucedió en la pandemia, los salvadores. Pero para ello, debería repensarse la entrada en vigor de la nueva PAC 2023-27, y flexibilizarse al máximo en la actual, tanto las normas de producción para permitir un incremento de la superficie de cultivos COP, como en el empleo de fitosanitarios para poder luchar contra las plagas (las exigencias medioambientales deberían pasar a una época de moratoria). Y urge que las distintas Administraciones (desde las autonómicas hasta las europeas pasando por las estatales) muevan ficha antes de que sea demasiado tarde.
En resumen, los impactos inmediatos y más fuertes se van a notar en ganadería. Además, se vive un primer impacto tanto en agricultura como en ganadería por la elevación de los costes de producción, que recordemos ya venía siendo casi inasumible tras la pandemia. A todo esto se suma el efecto pernicioso de la sequía. El desabastecimiento en la población no parece tan claro, más bien lo que se padecerá es una subida de costes de productos de primera necesidad, que unidos a otros costes (energía principalmente) -ya se habla de pronósticos de inflación al 10% en España- como siempre repercutirán sobre las clases menos pudientes y los países más pobres. Y, sobre todo, y de cara no solo a largo, sino sobre todo a corto plazo, la palabra que mejor define la situación en todos los ámbitos es incertidumbre.
