La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) reclamó este sábado la activación de las cláusulas de salvaguarda para las importaciones de cereal procedentes de Ucrania ante la situación que atraviesa el sector, que calificó de “crisis total” y de largo recorrido. El secretario general de la organización, Andrés Góngora, señaló que Castilla y León ha perdido 224.000 hectáreas de cereal en los últimos años y consideró que la llegada de producto procedente de terceros países está agravando una situación marcada también por el incremento de los costes de producción.
Góngora defendió que el problema no responde a una situación coyuntural y cuestionó el modo en que se están produciendo las importaciones de cereal ucraniano hacia España. Según expuso, durante 2024 entraron en el país alrededor de cinco millones de toneladas de trigo y una cantidad similar de maíz, lo que, a su juicio, está afectando directamente a un sector que ya afrontaba dificultades. En este sentido, aseguró que España es el principal país importador de cereales procedentes de Ucrania y sostuvo que detrás de buena parte de estas operaciones se encuentran fondos de inversión, por lo que reclamó conocer el origen y el destino del cereal que llega al mercado español y garantizar su trazabilidad.
El secretario general de COAG anunció que la organización impulsará a partir de las próximas semanas una ronda de reuniones en Bruselas, especialmente con representantes del Parlamento Europeo y de la Comisión de Agricultura, para trasladar la situación del sector cerealista y reclamar cambios en las condiciones de importación. La organización agraria también ha trasladado esta cuestión al Ministerio de Agricultura y a la Comisión Europea y pretende que el Gobierno español acompañe sus reivindicaciones ante las instituciones comunitarias. Entre sus principales demandas se encuentra la activación de las cláusulas de salvaguarda previstas ante situaciones de crisis provocadas por las importaciones y la eliminación de las exenciones arancelarias que, según COAG, están favoreciendo la entrada de cereal.
Cuatro años de protestas
Por su parte, el coordinador regional de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera, incidió en que el sector lleva cuatro años de protestas continuadas por la situación del cereal y advirtió de que la actual campaña supone un punto límite para muchos agricultores. Recordó que el sector ha atravesado campañas muy diferentes, desde la sequía de 2023 hasta ejercicios con mayores producciones, pero señaló que en ninguno de los casos los precios han permitido compensar una estructura de costes que, según explicó, se ha disparado en los últimos años. A su juicio, la situación hace cada vez más difícil mantener las explotaciones cerealistas y obliga a reclamar soluciones en el ámbito europeo.
Rivera coincidió en la necesidad de identificar el origen del cereal importado y aplicar las cláusulas de salvaguarda después de varios años de dificultades. El coordinador regional consideró que las movilizaciones desarrolladas hasta ahora deben trasladarse al ámbito de la Unión Europea para presionar a las instituciones comunitarias y reclamó que se investigue también el papel de los grandes fondos de inversión en la producción cerealista ucraniana. En este sentido, defendió que la agricultura de Castilla y León no puede competir en las mismas condiciones con esos modelos de producción y advirtió de las consecuencias que tendría mantener durante más tiempo una situación que, según sus palabras, está poniendo en riesgo la continuidad del sector.
COAG reclamó asimismo que las administraciones españolas articulen medidas económicas compensatorias para los agricultores cerealistas afectados. Góngora sostuvo que, si una decisión adoptada en el ámbito europeo tiene consecuencias directas sobre los productores españoles, tanto el Ministerio de Agricultura como la Junta de Castilla y León deben solicitar ante la Comisión Europea mecanismos de compensación. La organización considera insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora, entre ellas las ayudas relacionadas con el gasóleo y los fertilizantes, y defiende la necesidad de un paquete específico para un sector que, según insistió, acumula varios años de pérdidas y dificultades.
Rechazo al recorte de la PAC
En el ámbito de la Política Agraria Común (PAC), el secretario general de COAG expresó su rechazo a cualquier reducción de su presupuesto y reclamó que mantenga un marco financiero propio. La organización mostró su preocupación ante las posibilidades de recorte que se están planteando en el debate sobre el próximo marco financiero europeo y defendió que los recursos de la PAC deben dirigirse prioritariamente a los agricultores y ganaderos profesionales que mantienen sus explotaciones. Góngora sostuvo que la política agraria debe estar vinculada a la seguridad alimentaria europea y advirtió de que una pérdida de soberanía alimentaria incrementaría la vulnerabilidad de los países.
En esta misma línea, COAG reclamó que la Organización Común de Mercados (OCM) mantenga un carácter plenamente europeo y rechazó que pueda quedar condicionada a fondos estatales o regionales. La organización considera necesario garantizar unas reglas comunes para todos los productores europeos y vinculó esta cuestión al debate sobre los acuerdos comerciales con terceros países. Góngora aseguró que COAG rechaza los acuerdos comerciales de la Unión Europea con países terceros, tanto los ya existentes como los que se encuentran en negociación, al entender que la agricultura y la ganadería profesional terminan siendo “la moneda de cambio” de estas operaciones.
Controles a las importaciones de Mercosur
La situación del vacuno y las importaciones procedentes de los países de Mercosur fue otro de los asuntos abordados durante la comparecencia. Góngora valoró la suspensión de las importaciones de carne de vacuno, otras carnes y miel procedentes de Brasil anunciada recientemente, aunque consideró que la medida debería extenderse al conjunto de los países de esta región, especialmente Argentina. El responsable de COAG vinculó la decisión sobre Brasil a la detección de carne con sustancias prohibidas en la Unión Europea y reclamó elevar los controles y garantizar la trazabilidad de todas las importaciones procedentes de Mercosur.
La organización agraria defendió que la alerta sanitaria debe servir para incrementar los controles sobre estos productos y garantizar que las condiciones de producción exigidas a los agricultores y ganaderos europeos se respeten también en los alimentos procedentes de terceros países. En este sentido, COAG insistió en que las importaciones deben someterse a controles suficientes para garantizar la seguridad alimentaria y evitar que los productores europeos compitan en desigualdad de condiciones.
