En los próximos días, CSIF iniciará una ronda con el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente, así como con el Ministerio del Interior y los diferentes grupos parlamentarios, con el fin de promover modificaciones en la normativa, que mejoren la regulación y la actual situación de indefensión jurídica y física que sufre este colectivo, de unos 6.500 profesionales en toda España, y que CSIF Castilla y León ya viene denunciando desde hace tiempo.
CSIF denuncia que el pasado año, en España, aumentaron “alarmantemente” el número de agresiones contra agentes medioambientales y forestales, y celadores medioambientales, como las ocurridas más recientemente en Salamanca o Ávila, con pintadas amenazantes, destrozos en vehículos particulares o agresiones directas.
CSIF Castilla y León ya criticó, en su día, la decisión de la Junta de retirar las armas cortas reglamentarias de las que disponían los agentes medioambientales, similares a las usadas en seguridad privada, y que la legislación vigente las permite. CSIF lamenta que el agente medioambiental y forestal se encuentre indefenso para poder ejercer su trabajo, como agente de autoridad que es.
CSIF considera que se debe regular el uso de armas para su defensa en determinados servicios de especial riesgo, como ocurre con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. CSIF remarca que hay servicios y operativos de vigilancia, como es la lucha contra el furtivismo, donde es habitual el contacto con personas que usan armas de caza, o armas blancas en el caso de la recolección micológica, siendo imprescindible establecer los protocolos de actuación y la formación específica en defensa personal policial, así como los de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Igualmente, CSIF trabaja en un borrador de Ley Nacional de Cuerpo de Agentes Forestales y Medioambientales, que debe establecer las funciones básicas en el estado de los agentes, reforzando su condición de agentes de autoridad, policía administrativa ambiental y policía judicial, así como el resto de sus funciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente.
Como se recordará, el pasado sábado 21 de enero de 2017 se produjo el terrible y trágico asesinato de dos agentes rurales en la provincia de Lleida, Francesc Xavier Ribas y David Iglesias, a manos de un cazador.
