La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha destacado hoy que las herramientas propias de la Junta para la gestión y control de la condicionalidad de la PAC permiten una gestión eficiente que es ejemplo para las demás comunidades autónomas.
La consejera ha explicado que el cumplimiento de las normas sobre el clima y el medio ambiente de la condicionalidad se verifican en Castilla y León con un doble modelo: sobre el terreno con la ayuda de dispositivos electrónicos y mediante monitorización a partir de imágenes satelitales. A ello se suman los controles sobres aspectos de salud pública, fitosanidad y bienestar animal, que exigen visitas a las explotaciones en presencia de los agricultores o ganaderos.
“Este completo sistema desarrollado por la Junta nos permite una gran agilidad en los procesos y en la toma de decisiones, tanto para la gestión de las ayudas directas, como para las ayudas de desarrollo rural por superficies”, ha afirmado.
Además, González Corral ha resaltado “el alto grado de compromiso y concienciación de los agricultores y ganaderos con las normas de la PAC” ya que, según ha expuesto, la reducción de pago por incumplimiento alcanza el 0,03 % del total de los pagos FEAGA y FADER, que en Castilla y León superan los 1.050 millones anuales.
Agilidad en los pagos
Durante su intervención, la consejera ha recordado que la Junta de Castilla y León comenzó el pasado 16 de octubre a ingresar los anticipos de la PAC 2025, por un importe total de 498 millones de euros, que benefician a más de 49.000 agricultores y ganaderos de la Comunidad.
Castilla y León se ha situado entre las primeras comunidades autónomas de España en realizar este abono el primer día autorizado por la Comisión Europea, “lo que pone de manifiesto el compromiso del Gobierno autonómico con el campo y la eficacia de su gestión administrativa”.
El anticipo representa el 70 % del total de las ayudas directas por superficie; comprende todas las intervenciones, incluidos los ecorregímenes, y ha permitido inyectar liquidez inmediata al sector para afrontar la nueva campaña de siembra.
Además, a lo largo de este mes se autorizarán los anticipos de las ayudas asociadas a la ganadería y se prevé el pago de 50 millones de euros adicionales en ayudas agroambientales y a zonas con limitaciones naturales, con anticipos de hasta el 85 % del importe autorizado.
Defensa del modelo agrario de Castilla y León
Igualmente, la consejera ha aprovechado para subrayar la posición de Castilla y León ante la negociación de la PAC post 2027, “que no puede perder su carácter común ni su papel estratégico en la soberanía alimentaria de Europa”.
Ha recordado que el pasado mes de mayo la Junta impulsó una Declaración Institucional que marca la postura común de la Comunidad, respaldada por las organizaciones profesionales agrarias, ocho de las nueve diputaciones provinciales, y entidades representativas como Urcacyl, Ferduero o Vitartis, lista a la que recientemente se ha sumado la cooperativa Acor.
Esa declaración defiende una PAC fuerte, común y “verdaderamente” europea, dotada con un presupuesto suficiente y estructurada en dos pilares, el de pagos directos y el de desarrollo rural, que garanticen la financiación de las inversiones agrarias, de los regadíos y el apoyo a la industria agroalimentaria.
Asimismo, la consejera ha reiterado la importancia de que la futura PAC centre sus ayudas en el agricultor profesional, garantice una verdadera simplificación administrativa y mantenga el principio de reciprocidad comercial frente a las importaciones de terceros países que no cumplen los estándares europeos.
