La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las organizaciones profesionales agrarias alcanzaron hoy un acuerdo, por unanimidad, por el que solo apoyarán el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur “si se garantiza una reciprocidad real y efectiva, garantizando los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para las importaciones, con control y trazabilidad”.
Así lo trasladaron tras la reunión del Consejo Regional Agrario celebrada en Valladolid, en la que se comprometieron a “unir esfuerzos conjuntamente para defender los intereses del sector” y reclamaron el refuerzo de los controles en frontera, así como auditorías e inspecciones en terceros países para certificar el cumplimiento de exigencias sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias y de bienestar animal.
La consejera María González Corral exigió además que la posición española defienda la reciprocidad y reclamó al Gobierno central un “análisis detallado y desagregado” del impacto del acuerdo por producciones y territorios, con especial atención a los sectores más vulnerables de Castilla y León. También demandó cláusulas de salvaguarda “reales, efectivas e inmediatas”, activables ante incrementos excesivos de importaciones o caídas significativas de precios, con compensaciones operativas cuando proceda.
Otro de los puntos consensuados fue vincular la defensa del sector al próximo Marco Financiero Plurianual, exigiendo una PAC post-2027 “sólida y sin recortes”, que mantenga el Feaga y el Feader e incremente sus dotaciones.
El acuerdo será remitido al Gobierno central y a las instituciones europeas, y las organizaciones agrarias pidieron a los europarlamentarios españoles, especialmente a los de Castilla y León, que voten en contra del documento UE-Mercosur, que se firmará en los próximos días en Paraguay, cuando llegue al Parlamento Europeo.
González Corral avanzó que trasladará la próxima semana al ministro Luis Planas la “preocupación” existente y la necesidad de abordar el acuerdo en una reunión monográfica, aclarando que la Junta no rechaza el documento siempre que se garanticen la reciprocidad y las cláusulas de salvaguarda.
Rechazo de las opas
El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, fue más contundente y rechazó el acuerdo, al considerar que no cumple las condiciones de reciprocidad y pone en peligro las explotaciones agrícolas y ganaderas, además de perjudicar al consumidor con productos de peor calidad y sin garantías sanitarias. Reclamó a los eurodiputados que lo rechacen “con rotundidad”.
Por su parte, el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, advirtió de que las cláusulas de salvaguarda no están acordadas con los países de Mercosur y alertó del riesgo de deforestación, del uso de productos prohibidos en Europa y de una posible invasión de importaciones que hundiría los precios.
En la misma línea, el secretario autonómico de UPA, Aurelio López, alertó de que el acuerdo sacrifica al campo en favor de otros sectores y reclamó medidas compensatorias y retrasar la firma. Advirtió además del riesgo para la soberanía alimentaria y pidió rechazar el acuerdo hasta que se den condiciones de competencia justa.
