El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, e integrantes de la Dirección General del Medio Natural se han reunido este pasado viernes con las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) con el objetivo de responder a la petición del sector sobre la situación jurídica en la que se encuentra la posibilidad de la caza de lobo al norte del Duero. Representantes de Asaja, UCCL, UPA-COAG, así como de la Federación de Caza de Caza de Castilla y León, han asistido a la mesa de trabajo y han participado en el debate sobre la situación actual del lobo en la Comunidad.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha informado de que en estos momentos el Plan de Aprovechamientos Cinegéticos de las temporadas 2016/17, 2017/18 y 2018/19, que se encontraba suspendido cautelarmente por un Auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha sido anulado definitivamente al aceptar la Consejería un recurso planteado por la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL). La Junta ha solicitado a este tribunal el levantamiento de la suspensión cautelar al quedar sin objeto el proceso por la nulidad de la resolución administrativa a que se refería.
Los asistentes abogan por que el lobo pueda ser cazado de manera sostenible y controlada por la Administración manteniendo su estado de conservación favorable al norte del Duero, tal y como permiten las normativas europea, estatal y autonómica, dados los beneficios ambientales y económico-sociales para la Comunidad y para la propia evolución de la especie, lo que ha de hacerse, conforme informó el consejero, con estricto respeto a lo dictado por los Tribunales de Justicia.
Tras tratar estos temas, la reunión continuó solo con las Organizaciones Profesionales Agrarias, sobre la fijación del cuadro final de los baremos aplicables a los pagos compensatorios por los daños causados por el lobo. Esta cuestión se trasladará a la modificación de la Orden que incorpora ese baremo, que se producirá en las próximas semanas, lo que permitirá mejorar los pagos compensatorios, que en la actualidad se ingresan en el plazo de un mes frente a los doce meses de media que tardaba cuando se inició la legislatura. Los pagos compensatorios, que no son obligatorios por normativa, son fruto del compromiso de la Junta con el sector, que la Administración autonómica asume como forma de reducción del conflicto entre el lobo y la ganadería extensiva.
El Decreto que se está preparando sobre cambios de uso del suelo y la Orden de Incendios y su posible modificación han sido otros temas tratados en la reunión.
Última reunión de la Mesa del Lobo
El pasado 6 de septiembre se reunía la Mesa del Lobo y analizaba el aumento generalizado de ataques de lobo en el primer semestre de este año, así como presentaba los datos del año 2017 y el plan de actuaciones previstas para el próximo año.
Los datos que se presentaron muestran el constante incremento de los ataques, con especial incidencia al sur del río Duero, donde la especie está estrictamente protegida y no puede ser objeto de caza. Así, en el año 2017, el número de ataques aumentó un 47 % al sur del Duero y sin embargo disminuyó en un 16 % en la zona norte, donde sí es especie cinegética.
El primer semestre de 2018 terminó con un aumento de los ataques en un 36 % al norte del Duero y un 72 % al sur del Duero, respecto al primer semestre de 2017, pasando de 890 a 1.449 ataques. Además, los datos muestran que el principal incremento se concentra en determinados municipios de Ávila y Segovia, con una media de seis ataques diarios.
