La compraventa o arrendamiento de derechos de la PAC se ha mantenido constante durante el último lustro en Castilla y León, un periodo en el se registraron 46.174 cesiones entre particulares, con un importe global transferido de 105 millones de euros. Sin embargo, las opas advierten de que la nueva PAC introduce medidas que desincentivan el mercado para crecer como el pago redistributivo o la convergencia. Por el contrario, consideran que las futuras ayudas de la Junta a la cesión de explotaciones potenciará su crecimiento.
La información que facilita el Fondo Española de Garantía Agraria (FEGA), recopilada por Ical, indica que el año pasado, se contabilizaron en Castilla y León 9.167 transacciones de derechos PAC, con un importe transferido de 21,8 millones de euros, con un ligero crecimiento respecto a las 9.139 del ejercicio anterior, por 20,8 millones. El dato disminuyó ligeramente en 2018, con 8.494 cesiones por 18,7 millones; mientras que en 2017, fueron 9.864 por 20,2 millones; y en 2016 sumaron 9.511 por 23,1.
Bajando al detalle, el año pasado el mayor número de cesiones se produjeron como arrendamiento de derechos con tierra, 2.419 con un valor de 5,4 millones de euros, seguidos por las 2.374 de compraventa o cesión definitiva sin derechos (20 por ciento de peaje), por 3,4 millones; y los 2.038 con tierra, por 2,9.
El presidente de Asaja, Donaciano Dujo, indicó que la evolución del mercado de derechos tras la nueva PAC es “una incógnita total” porque el nuevo marco reduce su valor y desincentiva al profesional a dimensionar sus explotaciones con medidas como el pago redistributivo; aunque por otro lado, en el segundo pilar, la Junta pondrá en marcha una ayuda para la cesión de explotaciones por jubilados a jóvenes agricultores, para que dejen de trabajar los primeros, y los segundos cuenten con una dimensión rentable.
“Es una incógnita total lo que puede pasar”, dijo, y precisó que hoy el derecho y el 'grening', suponen el 85 por ciento del valor de los antiguos derechos; y a partir de 2023, el derecho más el pago redistributivo, serán el 60 por ciento. En este sentido, arremetió contra la nueva PAC porque las explotaciones menos dimensionadas, las medianas o pequeñas, asumirán el diez por ciento del pago redistributivo, del que no se beneficiarán las grandes. Las grandes explotaciones, sobre todo de secano, contribuirán a ese pago y no cobrarán nada, por computo global a partir de las 140 hectáreas empezarás a perder dinero, por lo que “no interesará juntar explotaciones, porque en el cómputo general cobrarás menos por derecho”.
La nueva PAC, dijo, está hecha para contentar a 480.000 agricultores “no profesionales” que “son sus votantes” y cargó contra al ministro Luis Planas por hacer propaganda por las autonomías mientras se ataca a los profesionales del sector, empresas familiares agrarias que pagan impuestos y corren riesgos. “Los derechos y las explotaciones deben ser para los profesionales “, sentenció.
Dujo recordó además el efecto de la convergencia que alcanzará el 85 por ciento en 2026 y “según parece deberá ser el 10 por ciento en 2029”. Entre medio, indicó, “se introducirán un millón de nuevas hectáreas de cultivos permanentes, de las que solo cobrarán 100.000 en Castilla y León, por lo que saldremos muy perjudicados”. Unas hectáreas cuyos derechos se adquirirán de la reserva nacional, y cuando se alcance la convergencia total, ya se podría volver a cobrar por superficie.
En ese contexto, las cuentas indican que la Comunidad, no perderá en los pagos globales, “pero el modelo profesional pierde, pierden los 45.000 agricultores y ganaderos a favor de 25.000 que no lo son”, concluyó.
El coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, incidió en que la mayoría de los derechos perderán valor por efecto de la convergencia; y el pago básico bajará de peso del 58 al 40 por ciento. Palacín denunció que la PAC va en dirección contrario a los profesionales que apuestan por la actividad y requieren de explotaciones dimensionadas por la baja rentabilidad por hectáreas y tacho el pago redistributivo como un “ataque frontal”, sobre todo al secano.
“No incentivan aumentar las explotaciones ni a los profesionales, sino a los pequeños, que compaginan con otras actividades, con una competencia totalmente desleal y muchas veces en la economía sumergida”, criticó. Por el contrario, destacó la ayuda que pondrá en marcha el Ejecutivo autonómico, para favorecer que jubilados dejen la actividad y cedan la tierras a los jóvenes, lo que impulsará su incorporación.
