La Alianza UPA-COAG ha denunciado la situación límite en la que se encuentra el sector cerealista de la Comunidad, con unos precios que hacen muy compleja la viabilidad económica de sus explotaciones, teniendo en cuenta los altos costes de producción y la situación que vienen arrastrando con malas cosechas en las campañas 2022 y 2023.
Según las organizaciones agrarias, el precio de los cereales está en unos umbrales muy por debajo de los costes de producción, y sin embargo, el precio de los piensos, a los que se destina mayoritariamente ese cereal, no se abarata al mismo ritmo.
Ante esta situación de “indefensión”, desde la Alianza se insta a las cooperativas de nuestra región, que compran hasta el 80 por ciento del cereal de Castilla y León para destinarlo a elaborar piensos, que den un “paso al frente”, puesto que tienen una “obligación moral” a mayores con los agricultores cerealistas.
En este sentido, señalan que hay un modelo en el que podrían fijarse las cooperativas cerealistas de Castilla y León como es el de Acor con el cultivo de girasol y colza, que hace rentable sus siembras a los agricultores. Por ejemplo, la pipa de girasol común en la presente campaña en la Cooperativa se pagará a un precio mínimo de 370 euros por tonelada. En el caso del girasol alto oleico la cotización final será de un mínimo de 385 euros. Con estos precios, que finalmente como ha ocurrido en otras campañas serán superiores en sus liquidaciones finales, se garantiza al socio unos ingresos suficientes para impulsar el cultivo y lograr una rentabilidad para todas las partes.
Al mismo tiempo, en un comunicado recogido por Ical, se argumenta que los datos oficiales confirman que la necesidad de producción de piensos, a los que se destina la práctica totalidad del cereal, en Castilla y León es de 5,7 millones de toneladas, cantidad por debajo de la producción de cereal que ha habido esta campaña en nuestra región, y que es prácticamente la media de producción de nuestra Comunidad en años normales.
Por otro lado, la Alianza UPA-COAG recuerda que uno de los mayores importadores de trigo en España opera precisamente desde Castilla y León y sus operaciones de importación condicionan totalmente los precios a nuestros productores. “En la mayoría de las ocasiones, la importación de cereal no es la respuesta a un problema de falta de oferta de producto nacional, sino que es el modo de forzar la venta de éste a un precio mucho más bajo; lo que siempre se ha conocido como especulación”.
Además, las organizaciones critican que, paradójicamente, se ven en el mercado productos con el sello ‘Tierra de Sabor’ que se han elaborado con harina molida en Castilla y León, o con leche, huevos o carne de animales alimentados con piensos molidos en Castilla y León, pero hechos con trigo, cebada, avena y centeno producido a miles de kilómetros de aquí, “lo que no tiene sentido alguno, por lo que pedimos máxima responsabilidad y control a la Junta”.
Por último, la Alianza reclama a la Consejería de Agricultura a que utilice todas las herramientas de las que dispone para incentivar que harineras y fabricantes de pienso que operan en la Comunidad adquieran prioritariamente el cereal a los agricultores de Castilla y León. “Una buena medida incentivadora sería excluir del acceso a cualquier tipo de ayuda pública a aquellas empresas que no prioricen en sus compras a los productores regionales pagándoles un precio suficientemente remunerativo conforme exige la Ley de la Cadena Alimentaria”.
