UPA CyL valora positivamente los esfuerzos de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentario) por mejorar la vigilancia sobre las malas prácticas de las grandes empresas de la industria y distribución de alimentos que tienen un impacto negativo y “feroz” sobre las explotaciones agrarias familiares.
Dado que el control en cuanto al cumplimiento de la Ley de la Cadena es fundamental para el sector agrario, nuestra organización ha realizado un informe de seguimiento del trabajo de la AICA desde que ésta comenzase a publicar trimestralmente las sanciones firmes que impone.
En este sentido, nuestra organización valora el trabajo de la AICA y le anima a seguir por el camino de las sanciones, un total de 239 hasta la fecha, que han recaído en un total de 195 empresas. A esto habría que sumar las sanciones que están recurridas y que se deben a inspecciones realizadas ya.
Los sectores que cuentan con empresas más sancionadas son el del viñedo y el de las frutas y hortalizas. En cuanto a las empresas concretas, el ranking de aquellas que acumulan mayores cuantías son:
- Calaoliva SL: 46.770 €
- Alcampo: 45.602 €
- Mostos Españoles: 23.775 €
- Central lechera de Lugo: 18.001 €
- RAY Lech: 14.501 €
- Pistachos de La Mancha: 13.450 €
- García Carrión: 12.749 €
- DIA: 12.463 €
- Nestlé: 10.323 €
- Inleit Ingredientes: 9.000 €
Asimismo, UPA apunta que las sanciones impuestas a dos empresas, Alcampo y Central Lechera de Lugo, por obstaculizar la labor de la Administración en la inspección. Además, la organización ha revelado la reincidencia de la empresa DIA, la cual tiene sanciones en tres trimestres diferentes.
El principal motivo de sanción es el incumplimiento de los plazos de pago, con un 63%. “Se trata de un punto decisivo para las pequeñas y medianas explotaciones, las cuales tienen un músculo financiero menor y no pueden afrontar retrasos en los pagos”.
No formalizar contratos por escrito es la segunda razón de sanción, suponiendo un 23% de las mismas. Esto sumado a la práctica de no incluir el precio en el contrato (tercer motivo de sanción con un 14%) “deja en un estado de incertidumbre insoportable que suma su granito de arena a la cuestión de la salud mental en la clase agraria”.
Desde UPA CyL no hemos dejado de lado el propósito de seguir avanzando en justicia para la cadena alimentaria. Toda entidad que compre al agricultor y/o ganadero debe cumplir a rajatabla con lo que dice la norma. No vamos a permitir que nadie interfiera y que nadie ponga palos en las ruedas de esta Ley que consideramos básica. Por eso, no pararemos un instante en lograr que los agricultores y ganaderos perciban por sus productos unos precios justos, y si para ello hay que endurecer las sanciones lo exigiremos hasta las últimas consecuencias.
En este sentido, gracias al acuerdo de 43 medidas firmado recientemente por UPA con el Ministerio de Agricultura, la AICA contará a partir de ahora con más recursos para realizar su labor. Es decir, habrá más recursos, humanos y económicos, y eso significará una mejor vigilancia. En definitiva, esto multiplicará su labor inspectora y permitirá reducir las prácticas desleales en la cadena de valor agroalimentaria, lo que se debe traducir en más seguridad para los pequeños agricultores y ganaderos.
Desde UPA a nivel nacional y también desde UPA CyL no pararemos en exigir las medidas y sanciones más duras para quienes no quieren mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Y todas las administraciones deben tomar buena nota. Por eso, consideramos básico que las Comunidades Autónomas, en este caso la Junta de Castilla y León, haga uso de sus competencias en Agricultura para complementar el trabajo de la AICA y ponga en marcha sus trabajos de inspección, que por desgracia hasta el momento deja mucho que desear.
Al respecto, vamos a pedir en el próximo Consejo Regional Agrario, que se celebrará el próximo 22 de mayo en Valladolid que se nos explique qué está haciendo el Gobierno autonómico en Castilla y León para ayudar al control del cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria.
