La Junta de Castilla y León ha autorizado en Consejo de Gobierno la concesión directa de subvenciones por importe de 45 millones de euros a los 109 concesionarios de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera de la Comunidad.
El objetivo de esta medida es garantizar la sostenibilidad económico-financiera y la continuidad de los servicios, sufragando tanto el déficit de explotación como la minoración de ingresos derivada de la implantación de la gratuidad del transporte público para las personas empadronadas en Castilla y León.
Del importe global autorizado, 32,1 millones de euros se anticipan para cubrir el déficit estimado y la reducción de ingresos correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2026 y el 31 de enero de 2027. Los otros 12,8 millones de euros se destinan a regularizar las cantidades anticipadas para el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2026.
La implantación de la gratuidad de Buscyl ha supuesto un incremento del número de viajeros del transporte público regular por carretera y, como consecuencia, un aumento de los costes que deben afrontar los concesionarios, tanto en materia de personal como de vehículos. Por ello, la Administración autonómica, como garante de la sostenibilidad económico-financiera de estos servicios, compensa el déficit de explotación y la reducción de ingresos asociada a la gratuidad.
Esta ayuda permite, además, que las empresas concesionarias dispongan de la liquidez necesaria para mantener la prestación de los servicios.
El transporte público por carretera constituye un elemento de vertebración territorial especialmente relevante en una Comunidad con las características sociodemográficas de Castilla y León. Su capilaridad permite atender las necesidades de movilidad de los ciudadanos y contribuye al mantenimiento de la población en el medio rural, donde estos servicios resultan esenciales para facilitar el acceso a servicios y oportunidades.
