El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, pronosticó hoy “buenas expectativas” que permitan alcanzar un acuerdo entre la Junta, los sindicatos CCOO y UGT, así como la patronal CEOE Castilla y León, en el marco del Diálogo Social, que contribuya a mejorar las condiciones del operativo contra incendios y de sus integrantes. De hecho, informó de que se han mantenido cuatro reuniones en este mes de agosto, con “avances importantes y cierta sintonía”, y vaticinó próximos encuentros “con carácter inmediato”.
“Es importante la contribución de los agentes sociales en esta materia”, sentenció Carriedo, preguntado tras el Consejo de Gobierno por las declaraciones del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, en las que aseguró que una de las causas de los incendios de este verano se situaba precisamente en los acuerdos con los agentes sociales por las condiciones del operativo en legislaturas anteriores. “La voluntad firme de la Junta es incrementar el servicio. A día de hoy no podemos asegurar que las negociaciones acaben en un acuerdo, pero mostramos nuestra voluntad”, incidió el portavoz, quien aseguró que cuando el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acude a estas reuniones, “lo hacen en nombre” de todo el Gobierno y “tiene el apoyo del mismo al completo” y no solo de una parte.
El consejero, que señaló que la campaña de máximo riesgo de incendios “no ha terminado” y que se esperan próximas olas de calor, explicó que la Comunidad ha sufrido 1.150 incendios este año, la mayor parte de ella como consecuencia de la acción humana, bien intencionada o por negligencias. Por “prudencia”, prefirió no aportar el número de hectáreas calcinadas hasta la fecha.
También aprovechó para alabar la coordinación entre administraciones, pues afirmó que los medios de Castilla y León han trabajado en 26 incendios de regiones vecinas, mientras que la Comunidad ha solicitado su colaboración en otros 21 fuegos.
En todo caso, comprometió la intención de la Junta de “reforzar todos los servicios de extinción de incendios y protección civil”, donde, dijo, ya hay “servicios profesionales”, a los que se suman los de las entidades locales, “en el ámbito de sus competencias”, con los cuales es necesario “coordinarse”. “En materia de nuestras competencias, naturalmente que queremos un servicio profesional. Para los incendios urbanos y agrarios la colaboración sigue activa”, dijo.
También explicó que la Junta, con fondos europeos, ha desarrollado una convocatoria de 45 millones de euros, destinada a corporaciones locales, para la extinción de incendios y ayudar a la profesionalización de estos servicios. Y recordó que las brigadas de la Junta “son profesionales, muchos de ellos contratados con empresas externas, otros de carácter permanente y otros como fijos-discontinuos”. “Nuestra idea es extender el tiempo de contrato”, deseó.
Problema nacional
Igualmente, mencionó la petición del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de convocar una conferencia de presidentes para abordar la cuestión de los incendios, un “problema nacional” que debe contar con una “perspectiva de Estado”. “Otros presidentes también lo han pedido”, espetó Carriedo, quien aclaró que los incendios “no entienden de límites geográficos”.
El portavoz aprovechó para cargar, en este sentido, contra el criterio de financiación autonómica y pidió una “reflexión” sobre el reparto, dado que el número de habitantes “no debería ser relevante” en asuntos como la prevención y extinción de incendios, dijo.
A su juicio, Castilla y León “tiene un operativo suficiente para su extensión”, pero mientras cuenta con el 19 por ciento de la superficie forestal nacional, “solo” recibe el seis por ciento de la financiación autonómica. “Queremos que se tenga en cuenta la dispersión y la superficie, y en este ámbito debe ser así. Protegemos un patrimonio que es de todos los españoles y todos debemos contribuir. No tiene más que ver con la superficie forestal que con el número de habitantes”, explicó Carriedo, quien desveló que la Comunidad “gasta mucho más por habitante y a pesar de ello no llega a las cifras de las comunidades más pobladas”. “Hay que abrir una reflexión sobre el reparto de la financiación cuando hay cuestiones que no están relacionados con el número de habitantes”, resumió.
