El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, defendió hoy las fechas establecidas del 3, 4 y 5 de junio para una prueba EBAU de acceso a la universidad “homogénea”, que a partir de ahora se llamará PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), y a la que se ha sumado “el mayor número de comunidades autónomas”.
Así lo explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde fue preguntado por los criterios conocidos ayer, cuando la Consejería de Educación publicó el documento en la página de Educacyl. En este sentido, se conoció que los exámenes se celebrarán los días 3, 4 y 5 de junio en convocatoria ordinaria, con una duración máxima de 90 minutos, y al menos, el 70 por ciento de la prueba debe contener preguntas abiertas y no tipo test.
Además, a partir de la tercera falta de ortografía en todas las materias, salvo Lengua y Literatura y Lengua Extranjera, restará 0,10 hasta un máximo de un punto, con la particularidad de que las dos primeras faltas no descontarán nada. Los errores de redacción, presentación, falta de coherencia y cohesión, incorrección léxica o gramatical podrán deducir un máximo de medio punto. La suma de estas deducciones nunca podrá ser superior a un punto.
Carriedo defendió que Castilla y León tiene “hoy el mejor sistema educativo de España” y apeló a que el interés de la Junta es que las pruebas “sean lo más homogéneas posibles”. “Lo ideal era que lo hubiera liderado el Gobierno central, algo que pedimos la mayor parte de las comunidades. Pero al final somos los ejecutivos autonómicos los que lo lideramos. Siempre dentro de nuestras competencias y posibilidades, pero hay cuestiones que dependen del Gobierno”, invitó Fernández Carriedo.
El consejero subrayó la “transparencia” con la que estas comunidades autónomas asumen este objetivo, ya que se conocen las fechas y los criterios “a un trimestre de acabar el año”. “Trabajamos para que las pruebas tengan la misma duración, que la estructura de la prueba sea común y los criterios de corrección sean homogéneos, además de tener las mismas matrices de lo que entra en el programa de cada asignatura”, apuntó.
En este sentido, insistió en que “hubiera sido bueno contar con el Gobierno y que lo liderara para fortalecer la unidad, pero se ha desentendido, al contrario de una gran mayoría de comunidades que quieren participar hacia una prueba común”.
Carriedo rechazó que esta prueba reduzca el “nivel de calidad y exigencia en la educación” de la Comunidad y apostó por “hacer un esfuerzo por parte de todos hacia una EBAU común mediante el diálogo”.
Por último, consideró que el tiempo que resta hasta la celebración de la prueba permitirá “ampliar” la información publicada “si fuera necesario”, con los profesores. Carriedo vaticinó que, en todo caso, “habrá que hacer alguna modificación”, pero la Junta “aprovecha este momento para que no sea un elemento para diluir y tener 17 pruebas diferentes”. “El Gobierno tiene una posición de división, un abanico amplio que podría dar lugar a una experiencia de 180 grados. Aprovechamos el cauce de nuestra propia capacidad de autogobierno para buscar un encuentro entre el mayor número de comunidades posible. Ya que hay que hacer cambios, que sea hacia lo positivo, hacia lo que nos une, no para diverger”, criticó al Ejecutivo central.
