Castilla y León es una comunidad autónoma solidaria en el contexto energético actual contribuyendo a la generación eléctrica de España e impulsando medidas de ahorro en el funcionamiento ordinario de la Administración.
Asimismo, Castilla y León es referente en la producción de energía. En cuanto a la transición a las renovables es líder en potencia renovable con 12.220 MW instalados, y un porcentaje del 90% de producción energética a través de estas fuentes limpias. Además produce cerca del doble de su consumo, así de los 27.016 GWh producidos en nuestro territorio en 2021, según los datos de REE, 12.736 GWh fueron consumidos fuera de la Comunidad.
Por otra parte, la Comunidad hace un esfuerzo importante desde el punto de vista del ahorro energético en la administración autonómica. Así, el Consejo de Gobierno aprobó, en el mes de abril, un documento de respuesta ante el agravamiento de la situación económica, cuyo eje 14 establecía medidas para revisar el impacto del coste de la energía en la administración autonómica incluyendo medidas para la mejora de la eficiencia energética en los edificios públicos, medidas de ahorro energético en el funcionamiento de la administración, medidas dirigidas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles así como para la racionalización de la contratación de suministros energéticos.
4 principios y 3 consideraciones
La Junta considera que las medidas que se deben adoptar para hacer frente al contexto de emergencia energética deben guiarse por los siguientes 4 principios:
1. La excepcionalidad de la situación justifica la adopción de medidas coyunturales, incluso de carácter estructural, aun cuando las mismas hubiesen sido descartadas por el Gobierno en los instrumentos de planificación energética nacional.
2. Obligatoriedad para las Administraciones Públicas y resto de entidades dependientes o vinculadas al sector público y voluntariedad para los ciudadanos y las entidades pertenecientes al sector privado.
3. Fomento de las medidas a través de incentivos y actuaciones ejemplarizantes; y en ningún caso mediante mecanismos coercitivos y sancionadores.
4. Adopción de las mismas previo debate y consenso con el resto de administraciones públicas y sectores afectados.
Además, estas cuatro medidas, deben atender a las siguientes consideraciones:
En primer lugar deberán incluir una contabilización y minimización de sus efectos sobre la actividad económica en general, así como sobre la competitividad de las empresas y las economías domésticas en particular; en segundo lugar, tendrán que de considerar el factor temporal ya que algunas pueden implementarse con carácter inmediato, pero las que conlleven inversiones arrastrarán unos determinados plazos constructivos y legales que igualmente pueden verse condicionadas por la oferta de profesionales o stock de equipos suficientes por incremento puntual de la demanda; y en tercer y último lugar, tendrán, como objetivo específico la reducción a corto plazo de la demanda de gas natural, ya sea a través del consumo directo o a través del consumo eléctrico.
Riesgo de abastecimiento de gas
Por otra parte, en los últimos meses se ha producido un nuevo escenario del precio y disponibilidad de los combustibles fósiles, lo que ha hecho que en Europa se ponga de manifiesto los riesgos de una elevada dependencia energética, en especial del gas.
Asimismo, son constantes las amenazas de interrupción del suministro de gas natural desde Rusia hacia la Unión Europea, que en el año 2021 supuso un 40% del suministro hasta el punto de que, en la actualidad, algunos de los gaseoductos están operando por debajo de su capacidad.
Ante el riesgo de una interrupción total del suministro de gas ruso a Europa, la Unión ha adoptado nuevas medidas para aumentar su nivel de preparación en lo relativo a las perturbaciones del suministro de gas, a través del llenado de gas de las instalaciones de almacenamiento subterráneo para los próximos inviernos por una parte, y la reducción voluntaria de la demanda de gas natural entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023 respecto a la media del mismo periodo de los últimos cinco años.
18 medidas en 4 ejes de actuación
La Junta de Castilla y León propone al Gobierno de España 18 medidas los siguientes cuatro ejes de actuación: medidas de sustitución de combustibles; instrumentos basados en el mercado; ahorro en calefacción y refrigeración y por último, actuaciones en sectores productivos.
Medidas de sustitución de combustibles
1. La sustitución de combustibles es una opción prioritaria, debiendo incentivar las capacidades de sustitución de combustibles por parte del sector residencial, así como de los diferentes sectores económicos y la generación de electricidad y calor.
2. En este sentido cabe contemplar la reprogramación de fondos comunitarios para incrementar los destinados a las ayudas al autoconsumo eléctrico y almacenamiento así como para el fomento de las energías renovables térmicas.
3. Se debería activar masivamente un Plan Renove de Calderas aprovechando los fondos europeos Next Generation.
4. Es imprescindible aprobar los desarrollos normativos que faciliten la inversión en la repotenciación de las instalaciones de generación renovable, el almacenamiento energético, la cogeneración de alta eficiencia y los gases renovables, como el hidrógeno o el biometano.
5. Considerar una verdadera apuesta por el sector de la biomasa reduciendo los impuestos a los biocombustibles sólidos como pellets o astillas, generadores de una actividad económica en nuestro necesitado medio rural así como constituyendo un instrumento que facilita la gestión de las masas forestales ante el riesgo de incendios.
6. La utilización de toda la capacidad de generación eléctrica, incluso mediante carbón allí donde todavía resulte técnicamente posible de acuerdo con las orientaciones europeas, aun cuando se trate de una medida temporal a corto plazo.
7. La reprogramación del calendario de cierre de la capacidad de generación nuclear; tal y como dispone la Comisión Europea “La decisión sobre el posible aplazamiento de la eliminación progresiva de las centrales nucleares cuando sea técnicamente viable es una opción política para los Estados miembros.”
Instrumentos basados en el mercado
8. Los sistemas de subastas o licitación nacionales o conjuntos mediante los cuales los Estados miembros incentiven una reducción del consumo por parte de los grandes consumidores. Los consumidores mejor situados para reducir la demanda se ofrecerían voluntariamente a hacerlo. Dependiendo del diseño, podrían recibir una compensación financiera o desgravación fiscal, a cambio de un ahorro adicional, utilizando, por ejemplo, un subtipo especial de Certificado de ahorro energético (CAE). Este tipo de sistema también podría fomentar el ahorro de gas por parte de las empresas que prevean cerrar con fines de mantenimiento o modernización.
9. Los Contratos de intercambio entre grandes consumidores; en el caso de industrias y en periodos de gran escasez, podrían acordar de antemano intercambios contractuales de su producción desde un área expuesta a perturbaciones a otra menos expuesta. En un nivel de crisis de «alerta» o de «emergencia de la UE», el productor situado en el área menos afectada por la escasez de gas garantizaría el suministro de la producción al productor que tuvo que detenerla debido a la escasez de gas en el área afectada.
10. Por otra parte fomentar el uso de contratos interrumpibles para el consumo de gas, como medida voluntaria basada en el mercado, representando una importante fuente de flexibilidad.
11. Reforzar las interconexiones, tanto eléctricas como gasistas, con el sistema europeo.
Ahorro en calefacción y refrigeración
El establecimiento de límites de temperatura para conseguir ahorros en calefacción y refrigeración deben ser consensuados, entendiéndose como:
12. Preceptivos para el sector público por su carácter ejemplarizante y siempre que ello no menoscabe el concreto interés público que la entidad tenga encomendada. “Clientes protegidos” como los hospitales, centros de educación infantil y servicios sociales deben excluirse de su adopción.
13. Voluntarios para el resto: particulares, hogares y entidades del sector privado debiéndose consensuar con las diferentes entidades públicas y los sectores afectados. Sin embargo, para estos colectivos habrán de desarrollarse importantes campañas de información y sensibilización a favor del ahorro energético; buscando siempre el menor perjuicio en la actividad productiva, la competitividad empresarial o las economías familiares; pudiéndose establecer incentivos económicos en las facturas en función del ahorro logrado.
14. Entre las medidas informativas cabría considerar una campaña de información del mix de generación eléctrica previsto del día y aconsejando en las franjas de no generación con gas todo consumo que se pueda diferir.
15. Se propone por otra parte, fomentar la rehabilitación energética de viviendas habituales más allá del 31 de diciembre de 2022, de forma similar a los edificios cuyos beneficios fiscales se contemplan hasta finales de 2023.
Sectores productivos
16. El papel esencial que juega la industria, la agricultura, la ganadería, la hostelería, el transporte, el comercio y otros sectores económicos gravemente afectados por los precios energéticos, debe ser tomado en consideración a los efectos de los apoyos a implantar.
17. Por otra parte, resulta imprescindible dar una solución al sector de la cogeneración, reiterando los argumentos trasladados al Gobierno, por parte de esta Administración, de tal forma que la utilización del gas en sus instalaciones resulte efectivamente compensado. Además, parte de los Fondos Next Generation se deberían dedicar a apoyar una renovación e impulso de la cogeneración española, lo que redundará en refuerzo de los diferentes sectores económicos que la utilizan, del empleo que crean y de su competitividad.
18. Se propone la adopción de medidas de política fiscal que disminuyan la presión impositiva existente sobre la energía con impacto para los consumidores.
Como conclusión, el Gobierno debe desarrollar un Plan específico y urgente de medidas energéticas que realmente nazca del diálogo y el consenso con las CC.AA., entidaes locales., el sector energético en su conjunto, así como muy especialmente con los consumidores independientemente de que pertenezcan a los sectores productivos o sean simples particulares o ayuntamientos.
Este plan debe tener el objetivo de bajar el precio de la energía y, por tanto, que desarrolle un marco energético que garantice estabilidad regulatoria, que garantice el bienestar de las familias y la competitividad del tejido empresarial, pymes, autónomos y a la industria como es el caso de las electrointensivas y la cogeneración.
