El Ministerio de Hacienda y Función Pública ingresó un total de 3.780 millones de euros entre enero y junio a Castilla y León en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación, lo que supone un aumento del 10,1 por ciento con respecto a la cuantía del mismo periodo de 2022, acumulando 349 millones más.
Por lo que respecto al pago de junio asciende a 630 millones, frente a los 572 del mismo mes del pasado año, según los datos trasladados hoy por el departamento que dirige María Jesús Montero.
En total, el Gobierno ha entregado 61.678 millones de euros a las comunidades autónomas de régimen común y a las ciudades con estatuto de autonomía hasta el mes de junio en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, frente a los 55.638 millones de euros del mismo periodo del año 2022.
Ello significa que estos entes territoriales han dispuesto en el curso de 2023 de un volumen de recursos por entregas a cuenta superior en 6.040 millones de euros a la cifra con la que contaron en el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 11 por ciento.
En concreto en el mes de mayo, estos entes territoriales han ingresado 10.280 millones de euros, frente a los 9.273 millones de un año antes, es decir, 1.007 millones más.
De esta manera el Ministerio de Hacienda y Función Pública da cumplimiento al sistema de financiación autonómica, que opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima se ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del IVA e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta.
A esas cifras, fruto de la estimación de ingresos fiscales en función de las previsiones económicas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, se suman las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global y de la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.
La mejora de las entregas a cuenta que contemplan los PGE de este año “da muestra del compromiso del Gobierno con todos los territorios, con el objetivo de que puedan prestar con una calidad excelente los servicios públicos del Estado del Bienestar que se encuentran en la esfera de sus competencias”.
