La Consejería de Sanidad trabaja ya en la definición de los nuevos criterios para autorizar la apertura de nuevas farmacias en Castilla y León, después de 15 años con un mapa intacto que ya arroja déficit, en especial, en los alfoces de las grandes ciudades. Se trata del paso previo al concurso de adjudicación de oficinas de farmacia que quiere que esté cerrado en el plazo aproximado de un año.
La elaboración de esta orden para fijar los criterios será una de las fases más complejas del proceso, junto a la propia adjudicación, teniendo en cuenta que las alegaciones suelen ser muy numerosas por los múltiples criterios que se tienen en cuenta para asignar una oficina, que van desde experiencia y formación del titular, a otras más administrativas y objetivas como puede ser la distancia, recogida por ley.
Se trata del punto y seguido en esta reestructuración, que comenzó el año pasado con la aprobación, en noviembre, de la nueva zonificación farmacéutica, para cuya delimitación se toma como base las zonas básicas de salud que ordenan el sistema sanitario de la Comunidad. Marca farmacias adicionales, municipios en los que podrían abrirse, distancias entre unas oficinas y otras y la zona dentro del municipio, para evitar que se polaricen en el centro de las ciudades, por ejemplo, y garantizar una adecuada prestación a la población.
En estos momentos, el mapa farmacéutico lo dibujan un total de 1.602 farmacias, de las que 815 están consideradas rurales, por encima de las 638 urbanas. Hay otras 149 semiurbanas, a parte de las cuales les afectará la normativa, por el incremento de la población en los municipios donde están asentadas en estos 15 ejercicios. El mapa lo completan 289 botiquines, las farmacias ‘satélite’ para acercar a la población de muchos pueblos la prestación en horas y días concretos.
La Ley de Ordenación Farmacéutica permite abrir una oficina de farmacia por cada 2.500 habitantes en las zonas urbanas, y por cada 2.000 en las semiurbanas, cifra que se sabe que se ha superado en varios municipios que precisan de nuevas oficinas. En las rurales, se exige un mínimo de 1.800 habitantes. Una vez superadas estas proporciones, la normativa permite una nueva oficina por fracción superior a 1.500 habitantes.
La nueva normativa se aborda como una oportunidad y es un paso para permitir aperturas. En ningún caso, desde la Consejería de Sanidad se plantean cierres y menos en los pueblos, pese a la pérdida de población.
