Uno de los principales ejes estratégicos de la Junta de Castilla y León es fijar población en el medio rural en una Comunidad donde, además, la dispersión demográfica supone también un reto para poner coto a la despoblación. Por ello, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades puso en marcha las subvenciones a familias por traslado de residencia al ámbito rural, de las cuales ya se ha hecho pública, en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la última resolución con las correspondientes concesiones.
Durante este 2025 se han otorgado 58 ayudas, es decir, más de medio centenar de familias que vivían en otra comunidad autónoma han trasladado su residencia a un municipio castellano y leonés de menos de 20.000 habitantes. De ese total, 42 tienen hijos, por lo que generan el derecho a percibir la cuantía máxima de 2.000 euros.
El resto de las familias recibe 1.000 euros cada una. Algunos de los traslados de la última concesión se han realizado a localidades como Sepúlveda (Segovia), La Bañeza (León), Arévalo (Ávila) o Lumbrales (Salamanca), entre otras. Las cifras de cada una de las resoluciones de concesión pueden consultarse en la sede electrónica.
El objetivo de la Junta es atraer población de otras comunidades autónomas a los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Quedan excluidos, por tanto, los núcleos poblacionales de Aranda de Duero y Miranda de Ebro (Burgos), Ponferrada y San Andrés del Rabanedo (León) y Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero y Medina del Campo (Valladolid).
Se trata de una ayuda que se concede de manera directa a las familias que se trasladen por estricto orden de presentación, cuyo plazo es de un mes desde la fecha de empadronamiento en un municipio castellano y leonés. El propósito es fijar población de manera sostenida a través de subvenciones que oscilan entre 1.000 y 2.000 euros, siempre que se cumplan una serie de requisitos.
El primero de ellos es el traslado de la residencia habitual de la unidad familiar a un municipio del medio rural de Castilla y León, con su correspondiente empadronamiento, siempre que proceda de otra comunidad autónoma o de una ciudad autónoma, y que esa residencia previa se haya prolongado durante al menos un año inmediatamente anterior a la solicitud. Además, todos los miembros de la familia deberán empadronarse en el mismo domicilio y mantenerlo un mínimo de dos años desde la concesión de la subvención.
Los solicitantes no pueden haberse beneficiado de ayudas del programa ‘Pasaporte de vuelta’ u otras subvenciones autonómicas con los mismos fines.
Otro requisito está relacionado con el empleo: al menos uno de los miembros de la familia debe desarrollar una actividad profesional en Castilla y León, ya sea por cuenta propia o ajena —dado de alta en la Seguridad Social—, condición que también se considera cumplida en caso de teletrabajo debidamente acreditado.
Si algún integrante de la unidad familiar está en edad de escolarización obligatoria, esta deberá haberse realizado en un centro educativo de la Comunidad. Por último, toda la familia debe estar dada de alta en el sistema autonómico de salud y contar con la correspondiente tarjeta sanitaria.
En cuanto a la cuantía de las ayudas, asciende a 1.000 euros para las familias sin hijos y a 2.000 euros para aquellas con hijos menores o en guarda adoptiva. En el caso de familias formadas por dos o más hermanos, la ayuda será de 1.000 euros si todos son mayores de edad y de 2.000 euros si alguno es menor.
