El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de hoy recoge el acuerdo tomado el pasado jueves por la Junta de Castilla y León para modificar el Plan General de Medidas Antifraude de la Administración General e Institucional de la Comunidad, con el fin de adaptarlo a la nueva legislación nacional y autonómica al respecto.
Según recoge el acuerdo, consultado por Ical, el Plan General de Medidas Antifraude cuenta con una duración indefinida, pero también debe ser revisado anualmente por el Comité Antifraude, para realizar un seguimiento con el que se permita evaluar si las circunstancias iniciales en las que el documento fue objeto de aprobación se mantienen inalterables.
Así, desde su aprobación en junio de 2022, se han producido cambios normativos que obligan a su revisión, como la publicación y entrada en vigor de la Disposición Adicional 112 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, y de la Orden relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
También se tiene en cuenta, en el nuevo documento, la actualización del Código Ético y de Austeridad de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado el 29 de diciembre, y la adaptación de ciertas partes del Plan a las actuales estructuras orgánicas de las Consejerías de la Junta.
Por todo ello, el Comité Antifraude, en su reunión de 17 de febrero de 2023, acordó iniciar la tramitación de la modificación del Plan General de Medidas Antifraude de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León para su aprobación por parte de la Junta, que tuvo lugar este jueves.
