Casi la mitad, en concreto el 47,7 por ciento, de las estancias hospitalarias en centros de gestión privada no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud (SNS) de Castilla y León en 2023 fue financiada con fondos públicos. Son 13 puntos más que la media de España, donde se situó en el 36,4 por ciento, y supone la sexta comunidad con mayor tasa, por detrás de Murcia (65,6 por ciento), Canarias (64,5), Extremadura (62,8), Aragón (60,5) y País Vasco (59,6 por ciento). En el lado opuesto, están Cantabria (0,4 por ciento) y La Rioja (3,5 por ciento) como autonomías con una menor proporción de financiación pública de las estancias en estos dispositivos.
El informe ‘Evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España’, elaborado por el Ministerio de Sanidad y consultado por la Agencia Ical, también recoge que el 28,4 por ciento de las altas registradas en este tipo de centros privados en la Comunidad también fue costeada con la financiación pública. Son once puntos más que en el conjunto de España. Asimismo, el 15 por ciento de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y de las sesiones de hospitalización de día realizadas en estos centros recibieron financiación del SNS.
El estudio de Sanidad añade que casi el 80 por ciento de las sesiones de hospitalización de día en el país se registró en centros de dependencia funcional pública en 2023 aunque en el caso de Castilla y León es la mitad, al situarse en el 39,5 por ciento. Es decir, a nivel nacional, una de cuatro sesiones que se realizó en centros privados no pertenecientes al SNS tuvo financiación pública. Un porcentaje que se disparó hasta el 60,5 por ciento, lo que supuso el segundo más alto de España, solo por detrás de Extremadura (90,4 por ciento) y seguido de Navarra (55,3 por ciento). Por el contrario, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Murcia estuvieron por debajo del diez por ciento.
La mayor parte de las urgencias atendidas en 2023 en la Comunidad (79,6 por ciento) se financió con fondos públicos, cinco puntos más que en el conjunto de las autonomías. Por lo tanto, la proporción de financiación privada fue del 20,4 por ciento, lejos de otros territorios como Baleares (43,9 por ciento), Canarias (38,2) y Madrid (30 por ciento).
En este sentido, el Ministerio aseguró que este modelo de colaboración, centrado en el uso de fondos públicos en centros sanitarios privados, no ha demostrado mejoras “significativas” en eficiencia ni en resultados de salud. Además, advirtió sobre los “riesgos” que supone una transferencia progresiva de gasto público hacia la gestión privada en términos de planificación y control del sistema.
El estudio, que realiza un análisis integral sobre la evolución de la participación privada en la prestación de servicios sanitarios públicos durante las dos últimas décadas, concluye que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un recurso “excepcional” para convertirse en una práctica “estructural”, lo que implica desviar una “parte creciente” del presupuesto público a empresas “cuya lógica responde al beneficio, no al interés general”.
Todas estas derivaciones son posibles gracias a los hospitales con dependencia funcional privada y vinculación con el Sistema Nacional de Salud. En 2025, según el Catálogo Nacional de Hospitales, hay seis centros privados con “concierto sustitutorio” en España, ninguno en Castilla y León. Además, hay 138 hospitales con “concierto parcial”, de los que 19 están en la Comunidad. Solo Andalucía, con 23, cuenta con más complejos de este tipo, seguido de Murcia (14), Madrid (13) y Canarias (13).
Y es que la evolución permite observar el aumento del peso de la gestión privada en la red pública. No en vano, el número de hospitales privados integrados en el SNS ha pasado de 106 a 145 entre 2011 y 2023, lo que representa un crecimiento del 36,8 por ciento. Hasta el punto que estos centros, considerados de “dependencia funcional privada”, ya suponen el 30 por ciento del total de hospitales del Sistema Nacional de Salud. En este sentido, la sanidad privada englobaba en 2023 el 17,8 por ciento de las camas de hospital operativas (13,7 por ciento en 2011) y un 10,7 por ciento de los quirófanos (ocho por ciento una década antes).
El informe también recoge la evolución del aseguramiento privado, que ha experimentado un “notable” incremento en los últimos años. En 2024, el 26,1 por ciento (18,6 por ciento, individual, y 7,5 por ciento, de empresa) de la población castellano y leonesa disponía de un seguro médico privado, frente al 11,9 por ciento en 2018, lo que supone más del doble. En España, ha pasado del 17,2 al 32,6 por ciento en ese periodo. Las autonomías con una mayor proporción de aseguramiento privado el año pasado fueron Madrid (44,6 por ciento), Cataluña (43,6) y Baleares (37,9) frente a las que menos como Navarra (19,5 por ciento), Extremadura (22,2) y Galicia y Cantabria (24 por ciento).
El departamento que dirige la ministra Mónica García aborda en su estudio la atención de los casos de los diagnósticos más frecuentes registrados en el sistema sanitario. En 2023, a nivel del conjunto del sistema sanitario, entre el 70 y el 80 por ciento de los contactos que se registraron de los diagnósticos más prevalentes (traumatismos, infecciones agudas del tracto respiratorio superior o seguimiento de quimioterapia o inmunoterapia) se atendió en hospitales del Sistema Nacional de Salud.
Procesos más costosos, al público
Al analizar los centros hospitalarios que abordan los procesos asistenciales más costosos, como los relacionados con trasplantes, neonatos con bajo peso al nacer o procedimientos que requieren una traqueostomía u oxigenación por membrana extracorpórea, la cobertura por parte de hospitales del Sistema Nacional de Salud es, en la mayoría de los casos, superior al 95 por ciento.
El documento identifica la pandemia de COVID-19 como un “punto de inflexión” en esta tendencia, ya que a partir de 2020 considera que se aceleró la contratación de pólizas privadas como respuesta a la “percepción de saturación” del sistema público, el incremento de los tiempos de espera y la búsqueda de una atención más rápida y accesible, especialmente en consultas diagnósticas y especializadas.
“Este fenómeno, unido al crecimiento de la provisión privada dentro del SNS, configura un escenario en el que el sistema sanitario público comparte cada vez más funciones asistenciales y recursos con operadores privados”, sentenció el Ministerio en un comunicado recogido por Ical. Es por ello, que apostó por “reforzar” la planificación pública, “garantizar” la equidad territorial y “asegurar” que toda la financiación -directa o indirecta- se destine “exclusivamente” al interés general y a los principios que rige el Sistema Nacional de Salud.
En este sentido, abogó por fortalecer los mecanismos de auditoría y control de la actividad privada financiada con recursos públicos; exigir a los centros concertados la publicación “sistemática” de indicadores clínicos y, por último, promover la gestión pública directa como la opción preferente de prestación de servicios sanitarios para unos mejores resultados en salud y un control óptimo de los recursos públicos.
