Igea compartió esta semana, en una videoconferencia ante sus homólogos autonómicos y representantes de la OCDE, que Castilla y León avanza la tramitación de su ley de dinamización demográfica, el planteamiento de la Comunidad como un territorio de acogida y amable para la inmigración más una nueva ordenación territorial que asiente la prestación de servicios públicos, especialmente en el mundo rural
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, participó este pasado viernes 3 por videoconferencia en el evento de clausura de este proyecto sobre despoblación financiado por la Comisión Europea y realizado por la OCDE y las comunidades autónomas españolas integrantes de la Macrorregión RESOE: Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia; todas ellas marcadas por un alto grado de ruralidad y enfrentadas a la disminución de la población, el envejecimiento y los desafíos asociados. Además del vicepresidente del Gobierno autonómico, en esta jornada que de manera presencial se celebró en la Fundación Comillas, en esta localidad cántabra, también intervino Antonio Calonge, director general de Ordenación del Territorio y Planificación, como responsable del centro directivo competente en materia demográfica y coordinador de las contribuciones de Castilla y León a este proyecto común.
En su intervención, el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior acuñó como reflexión que “los denominados retos demográficos son una verdadera amenaza para Castilla y León, ya que cuestionan la sostenibilidad financiera y política, toda vez que en muchas zonas se genera desafección, sentimiento de abandono y soledad y falta de vinculación con el proyecto político común tanto a nivel nacional como europeo”. Francisco Igea reiteró una de las consideraciones mantenidas en el tiempo al respecto de la necesidad de financiar la prestación de servicios al territorio, no solamente a las personas. Por ello reiteró cómo Castilla y León ha de hacer frente ya no solo a los costes de la prestación de servicios como la educación, la sanidad o los servicios sociales, sino también atender una superficie que supera los 94.000 kilómetros cuadrados, con grandes espacios naturales, redes de infraestructuras viarias, cobertura de telecomunicaciones o servicios de prevención contra incendios forestales, entre otros.
Francisco Igea también señaló que frente a las estrategias pasadas con indicadores fallidos, ahora debe ponerse el foco en la generación de empleo y en otros aspectos como llevar la cultura y el ocio al medio rural, pues los jóvenes buscan un trabajo y también opciones de ocio en el territorio. Por ello, expuso el vicepresidente Igea, “ahora estamos planteando tres líneas de acción: una ley de dinamización demográfica que permita que toda la actividad de la Administración autonómica se oriente con el sesgo del reto demográfico; una política migratoria más amable, con facilidades para la integración, y una nueva ordenación del territorio”. El vicepresidente de la Junta también reflexionó acerca de cómo la pandemia de la COVID-19 ha generado un fenómeno totalmente nuevo, que ha sido la inversión del balance migratorio dentro de las comunidades, y que en Castilla y León ha supuesto que su resultado fuera positivo el pasado año.
Un trabajo interinstitucional coordinado durante más de un año por un objetivo común
Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia tienen en común un alto grado de ruralidad y se enfrentan a desafíos con el cambio demográfico: despoblación de una extensa parte de su territorio, bajos niveles de densidad fuera de las ciudades, una caída sostenida de las tasas de natalidad, envejecimiento progresivo y los efectos derivados de la superpoblación estacional. En este contexto, la Macrorregión Regiones del Sudoeste Europeo, de la que también forman parte las regiones Norte y Centro de Portugal, es un espacio adecuado para coordinar esfuerzos y políticas en el interés común de defensa de los desafíos demográficos ante las instancias estatales y europeas.
En ese marco, un convenio suscrito entre la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha permitido prestar a estas cuatro comunidades autónomas una asistencia técnica que ha consistido en que la primera institución ha puesto a disposición de las regiones integrantes de la Macrorregión RESOE a expertos de la OCDE. Durante 16 meses, estos profesionales han visitado estos territorios, se han entrevistado con los actores locales y regionales y finalmente han elaborado planes específicos para cada comunidad autónoma además de un documento final. En próximas fechas se dispondrá de las versiones definitivas de los documentos de estrategias común y particulares.
En diciembre de 2020 se realizó el evento de lanzamiento con el objetivo de promover el inicio del proyecto y reunir a los responsables políticos de la Macrorregión RESOE y otros países, funcionarios de la OCDE, expertos nacionales e internacionales para recopilar información y experiencias políticas, compartir conocimientos y establecer redes. Por parte de Castilla y León asistieron el vicepresidente de la Junta y representantes de distintas consejerías, universidades y otras entidades. Desde entonces, las cuatro comunidades autónomas han colaborado con los expertos asignados al proyecto, se han celebrado diversas sesiones de trabajo y remitido cuestionarios específicos con el objetivo de recopilar datos e intercambiar experiencias sobre las mejores prácticas en la elaboración de políticas para el cambio demográfico.
