El personal laboral de la educación pública se ha concentrado este mediodía ante Presidencia de la Junta de Castilla y León, en Valladolid, convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), para denunciar la “paralización injustificada” de esa Consejería en dos cuestiones clave para el conjunto del personal laboral de Educación: la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) y la reclasificación profesional prevista en la Disposición Adicional Sexta del convenio colectivo.
A día de hoy, ambas medidas continúan bloqueadas en Función Pública, “condenando a miles de trabajadores a una situación de precariedad organizativa, sobrecarga laboral y falta de reconocimiento profesional; también, manteniendo estructuras obsoletas y plantillas insuficientes y mal dimensionadas”.
Desde CSIF, aseguran que las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajos deben incluir la creación pendiente de los puestos de Técnico Superior de Educación Infantil (TSEI), destinados a la implantación del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años). Asimismo, deben contener los puestos de Ayudante Técnico Educativo (ATE), ya con jornadas completas, puesto que muchas de las trabajadoras fijas continúan con jornadas de 25 y 30 horas, mientras que las temporales se contratan con jornada completa de 35 horas. Otras propuestas de refuerzo son las de personal de mantenimiento o de comedores escolares, entre otras.
Del mismo modo, la falta de desarrollo de la reclasificación profesional supone un incumplimiento claro del convenio, negando a los trabajadores y trabajadoras el reconocimiento de sus funciones reales, su cualificación y su evolución laboral.
Los puestos de trabajo de ATEs y TSEIs, por exigir una titulación de técnico superior para el acceso, "deberían estar reclasificados e incluidos en el Grupo 2" desde el 1 de enero de 2025, tal y como indicaba el convenio colectivo de laborales de la Junta (denunciado por CSIF en el mes de diciembre de 2025 porque está caducado). Sin embargo, aún siguen inmersos en el grupo 3, con la consiguiente pérdida de derechos en todo este tiempo, lamenta el sindicato independiente. Las categorías citadas son las mayormente afectadas, “pero muchas otras están pendientes de esa reclasificación”.
CSIF advierte “que estas situaciones son consecuencia de una falta de voluntad política de la Junta de Castilla y León y de coordinación entre consejerías, que está bloqueando soluciones urgentes y necesarias para los empleados públicos”.
A todo esto, se suma la incertidumbre del personal laboral "con una alta temporalidad y con la gestión de unas bolsas de empleo excesivamente lentas y desfasadas". Todo ello, “deriva en una gestión deficiente, unida a una preocupante sobrecarga de trabajo y un abuso sistemático de las movilidades para parchear la carencia de personal. Los contratos temporales finalizan sin una solución clara, los cambios son numerosos y todo esto influye en la calidad del servicio prestado”, denuncia CSIF.
PERSONAL FUNCIONARIO
A esta falta de personal laboral de la Administración General de Castilla y León en el ámbito de Educación, se une la falta de funcionarios administrativos en los centros educativos y las Direcciones Provinciales de Educación, que CSIF viene reclamando año tras año.
Una circunstancia que se ha visto más agravada tras el pasado concurso de traslados de funcionarios, “que quedaron prácticamente desiertos porque son plazas que no interesan por sus condiciones y que no se cubren”. “No puede ser que la responsabilidad y el trabajo de esos puestos recaiga en otro personal del centro. Solicitamos de inmediato, ahora que llegan fechas de cierre de cursos y fechas de matriculaciones, un refuerzo administrativo real”, remarca CSIF.
