La Gerencia Regional de Salud trabaja en un nuevo acuerdo marco para agilizar la lista de espera de procedimientos quirúrgicos generales, con el que creará un catálogo de empresas privadas que permita a los hospitales recurrir a estas cuando se vean incapaces de prestar el servicio en tiempo. El importe estimado es de 20,5 millones de euros, que se sumarán a los 35,78 previstos en otro acuerdo marco para contener la lista de espera quirúrgica en traumatología y ortopedia a medio plazo, ya que Sacyl considera que podría ser imprescindible recurrir a la privada por insuficiencia medios propios.
El acuerdo marco previsto, conocido por Ical, permitirá a las 14 gerencias de las nueve provincias acudir a los conciertos cuando sean incapaces de operar en tiempo a sus pacientes, y el contrato tendrá una duración estimada de cuatro años, a partir del mes de julio de este año o, en su caso, desde la fecha que se indique en los contratos cuando de firmen con fecha posterior.
Con este paso, Sacyl quiere ‘cubrirse las espaldas’ ante una lista elevada y ante la previsión de que, a medio plazo, en tres o cuatro años, los hospitales tengan que recurrir a la sanidad privada en mayor medida que hasta la fecha. No en vano, aunque los datos mejoran, todavía están disparados con respecto a la prepandemia, cuando todavía no eran los más deseados.
En el caso concreto de cirugía general y de aparato digestivo, si al cierre de 2019 había 5.207 pacientes en la lista, con una demora media de 92 días, a finales de 2023 tenían que esperar hasta 105 días, y había 5.903. Es cierto que, si se comparan los dos últimos años, se observa que los datos adelgazan, ya que en diciembre de 2022 acumulaba 6.851 pacientes, con una demora de 134 días.
El contrato, todavía pendiente de publicación, se enmarca dentro de los planes de la Consejería de Sanidad de lanzar una estrategia de reducción y mejora de la lista de espera quirúrgica, de pruebas diagnósticas y de consultas externas, para contener “las inasumibles” esperas, garantizando la prioridad en función de la gravedad, y que obligará a Sacyl a optimizar sus recursos, pero también recurrir a la privada.
Efectos de la pandemia
Los pasos que está dando la Consejería de Sanidad en conciertos se deben a los efectos del COVID-19, que aún duran. En concreto, a la reducción de la actividad quirúrgica en pandemia y al repunte de la masa de pacientes que han accedido al sistema con la vuelta a la normalidad, y que lo han hecho no solo más tarde, sino también en condiciones más problemáticas, y con el mismo número de profesionales.
De hecho, en palabras del responsable de este departamento, Alejandro Vázquez, gracias también a otros mecanismos, como la mejora del rendimiento de los centros y la autoconcertación, las peonadas, Sacyl está en rendimientos quirúrgicos similares a los de 2019, lo único que las entradas en la lista siguen siendo muy superiores a las de aquel ejercicio, lo que provoca que los números no puedan evolucionar a una velocidad más rápida.
Por ello, se está acudiendo a la concertación para “utilizar todos los recursos" que da el sistema y que los pacientes tengan que esperar "lo menos posible”. De hecho, tras un fuerte descenso durante el periodo 2019 -2021, Sacyl ha registrado un importante ascenso de la actividad quirúrgica externalizada a la sanidad privada. En 2015, cerró el ejercicio con la externalización de 3.310 procedimientos, por un importe de 6,3 millones de euros. Fue superior al dato de 2016, con 2.183 autorizaciones, por valor de 4,95 millones, y muy similar a los 3.013 autorizados en 2017, que supusieron 5,47 millones.
