El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, recordó este viernes que la Junta lleva acumulados unos cuatro millones de euros en compensaciones a los ganaderos de Castilla y León por los daños ocasionados por el lobo. Cantidad que, según matizó, partió del medio millón de euros y se ha venido incrementando.
“Nosotros estamos con los ganaderos. Hemos modificado los baremos para que pueda compensarse, no solo el daño de la propia res, sino también en lucro cesante y otros daños accesorios que nos reclamaban las organizaciones profesionales agrarias, con las que hemos mejorado los baremos de compensación. Y ahí seguiremos”, manifestó el consejero en declaraciones recogidas hoy por Ical en la Sala de Comarcas de la Diputación de Salamanca.
Una posición, la de repartir compensaciones, en la que aún espera al Gobierno de España que, según matizó, “anunció en su día que iba a aportar un dinero”. “No lo hubo en el año 2022, no lo hubo en el año 2023 y este año hemos tenido una conferencia sectorial la semana pasada donde se ha comprometido ese dinero, que esperamos que llegue. Pero la Junta sí ha puesto dinero para compensar a los ganaderos”, certificó.
Preguntado por las quejas concretas de un grupo de ganaderos de Villaseco de los Gamitos y zonas colindantes, en la provincia de Salamanca, Suárez-Quiñones recordó que las compensaciones tienen un proceso. “Hay una comunicación de los daños, presencia del personal en el lugar y tramitación administrativa. Puede haber retraso en algún pago. En Salamanca creo que los expedientes están muy actualizados, pero nuestro compromiso es acortar al máximo dichas compensaciones”, refirió en cuanto a este asunto.
Estado de conservación
No obstante, el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León aprovechó la comparecencia en Salamanca para cargar contra el Gobierno de España y su posición respecto a la gestión del lobo, que le fue retirada a las comunidades autónomas en el año 2021, “estableciendo unas condiciones incumplibles”.
“Reaccionamos de forma inmediata en Europa ante esta situación porque no está justificada. El lobo está en estado de conservación favorable, está en crecimiento constante. Fue una razón política, demagógica y de tipo extremo en cuanto a conservacionismo, que está poniendo en peligro la ganadería extensiva y semiextensiva de nuestra Comunidad. Y es un atentado al medio rural, a la población y a nuestra esencia y ruralidad en Castilla y León”, denunció.
Además, Suárez-Quiñones recordó que la reacción de Europa a las gestiones de la Junta en este sentido “ha sido muy positiva”. “La Comisión dijo que el estatus jurídico tenía que cambiar, que había que compatibilizar las actividades humanas con la existencia del lobo. Y eso no se hacía mediante el régimen de la estricta protección”, aseguró.
“Solo Castilla y León al norte del Duero tenía otro régimen antes y es el que la Comisión quiere ahora para toda Europa. Habiendo una conservación favorable, hay que permitir a las comunidades que gestionen la especie a través de un modelo sensato y único como el que había en Castilla y León. Por lo tanto, estos daños que se están produciendo son la crónica de una muerte anunciada”, zanjó.
