El ámbito de las residencias de personas mayores estuvo, de nuevo, en el foco de los Servicios Sociales en 2021. Y es que las tres dosis de la vacuna contra el COVID-19 que han recibido los residentes de estos centros no han impedido que se hayan producido medio millar de fallecimientos este año. Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, han perdido la vida más de 4.200 personas (con coronavirus confirmado y con síntomas compatibles), de los que 2.200 fueron en las propias residencias y otros 2.000 en hospitales.
Las residencias acapararon buena parte de las noticias relacionadas con los Servicios Sociales, ya sea con la administración de las primeras dosis de la vacuna entre finales de diciembre y enero o bien con las restricciones a las visitas a este tipo de centros. Pero también han estado en el foco del ámbito político con la comisión de investigación sobre la gestión de las residencias durante la pandemia, la postura del Procurador del Común al relacionar la mortalidad en las residencias con la limitación en las derivaciones a los hospitales, las opiniones de la Fiscalía y la tramitación de la futura ley de atención residencial.
Una ley que hará hincapié en la importancia del proyecto de vida de las personas, en el que los mayores y dependientes se convertirán en el centro del sistema, gracias al impulso de las unidades de convivencia en las residencias y la apuesta por el modelo ‘En mi casa’. El objetivo, según la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, es que estos centros se conviertan en una “prolongación” de su hogar y vivienda. Además, las residencias deberán someterse a una evaluación continua, que recogerán la calidad de vida de sus más de 44.000 usuarios y la contribución de los apoyos profesionales y los servicios prestados.
Otro de los puntos claves de este anteproyecto de ley es la necesidad de que el sistema sanitario público garantice el acceso de los residentes a sus servicios en equidad con el resto de la población, aunque no esto no es óbice para que los centros cuenten con su personal sanitario. La dotación de personal específica de cada uno de los 1.214 centros deberá ser proporcional a las necesidades que presente, teniendo en cuenta sus dimensiones y estructura, los servicios prestados, el número de usuarios y las cargas de trabajo derivadas de los planes de apoyo a sus proyectos de vida. En todo caso, se deberá garantizar la existencia de un profesional de referencia de atención residencial. Ahora, tras el anuncio del adelanto electoral y el final de la legislatura, deberá esperar a que el nuevo Gobierno retome toda la tramitación.
El procurador del Común, Tomás Quintana, aseguró en abril durante la presentación de la memoria de la institución en las Cortes que al inicio de la pandemia del COVID-19 se llegaron a limitar las derivaciones de pacientes desde los centros residenciales de mayores a los hospitales debido al "colapso" del sistema, lo que provocó que asumieran “unas tareas para las que seguramente no estaban preparadas por falta de personal y de medios de protección”. De ahí los elevados datos de morbilidad, mortalidad y letalidad de los primeros meses de pandemia en las residencias, así como también la “acusada” prevalencia de la enfermedad entre los trabajadores.
En noviembre, el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, reclamó que las residencias de mayores estén dotadas con más personal sanitario, tras observado durante la pandemia de COVID-19. Al informar en las Cortes sobre las memorias de la Fiscalía de 2020 y 2019, recordó que se iniciaron 22 diligencias procesales civiles y 40 diligencias de investigación por presuntos delitos en residencias, la mayoría a raíz de denuncias de particulares y asociaciones. Se archivaron todas al considerar la inexistencia de la comisión de delitos. Eso sí, como reflexión, consideró que se debe acentuar el aspecto sanitario de estos centros y dotarlos de más personal de este área, una conclusión que extrajo al observar lo ocurrido durante una pandemia que "nadie preveía"
Además, la Junta aprovechó este año para reforzar el mensaje de la necesidad de la modernización de los Servicios Sociales y el impuso al modelo de atención a la Dependencia 5.0, sin olvidar la protección a los más vulnerables, a través de la Red autonómica, ni la búsqueda de oportunidades para las familias y los jóvenes y el fomento de la igualdad de oportunidades.
El Gobierno de Fernández Mañueco ha mostrado en 2021 su clara apuesta por la modernización de los Servicios Sociales, con su deseo de impulsar la inteligencia artificial en las residencias y hogares con sensores, robots y sistemas para mejorar los cuidados de larga duración. También se prevé ir dotando de andadores inteligentes y sistemas avanzados para mejorar la higiene, sin olvidar la extensión de la teleasistencia avanzada de manera gratuita a los mayores de 65 años que lo requieran. También, se comenzarán a generalizar los dispositivos específicos para detectar el fuego, el humo y el gas y los detectores de fugas e inundaciones, de cara a evitar riesgos innecesarios en la vida cotidiana de las personas mayores o con dependencia. “La digitalización está entrando de lleno en el mundo de los cuidados personales y nos ayuda a crear unos Servicios Sociales más eficaces, más completos, más personalizados y más sensibles", aseguró en una jornada el presidente de la Junta.
En este sentido, cobra protagonismo el proyecto ‘Atención en red’, por el que las personas mayores, con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica elijan donde vivir, ya sea en su domicilio –accediendo a servicios como si estuvieran en una residencia- o en un centro, diseñado como un hogar. En la actualidad, la administración autonómica atiende a más de 106.000 personas con dependencia. La Comunidad continúa a la cabeza de España en la gestión del sistema de dependencia y en alcanzar la plena atención, al no existir lista de espera.
En los dos últimos años, la Junta ha modificado la Ley de Servicios Sociales para el desarrollo de la teleasistencia avanzada y aprobó la Ley del Tercer Sector Social, además de iniciar la tramitación de otros anteproyectos como la Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, el de Atención a las Personas con Discapacidad a lo largo de su vida y el de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género.
La Red de Protección ha dado cobijo a 384.000 personas, que se han visto beneficiados, por ejemplo, del reparto de alimentos y los itinerarios personalizados de empleo para colectivos vulnerables. En este sentido, el Ejecutivo autonómico se vio obligada este año a autorizar varias adendas al Acuerdo Marco de Servicios Sociales para reforzar la financiación destinada a las entidades locales para ayudas de emergencia en los ejercicios 2021 y 2022 y así hacer frente a las necesidades derivadas de la emergencia sanitaria, primero, y después de la social. La última, aprobada en diciembre por un importe de ocho millones de euros (cuatro para 2021 y otros cuatro para 2022), servirá para apoyar a las familias más vulnerables y ayudarles a hacer frente a los gastos de suministros energéticos.
Otro de los programas pioneros puestos en marcha este ejercicio fue el plan para las personas mayores que viven en soledad, que beneficiará a 145.000 castellanos y leoneses por que tendrán derecho a prestaciones específicas por esta situación, incluso aunque no tengan ninguna otra necesidad económica y social.
Además, el programa Conciliamos se ha extendido ya a todos los municipios con independencia de su población, ha flexibilizado requisitos, ha ampliado servicios (como el de comedor o tardes) y se ha pilotado por primera vez en un centro con alta incidencia de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Por su parte, Crecemos ya llega a más de 270 municipios de la Comunidad, donde se ofrece cobertura a menores de cero a tres años en pueblos pequeños, hasta sumar más de 3.800 plazas.
Igualdad de oportunidades
Castilla y León ya cuenta con un nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, pero sobre todo en la inserción laboral femenina. También, se ha avanzado en el nuevo anteproyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en la Comunidad, que ampliará el paraguas protector a las víctimas al reconocer nuevas formas de violencia de género –como la digital y tecnológica, la vicaria, la de segundo orden y la institucional– y articular servicios de atención especializada, en el marco del modelo Objetivo Violencia Cero. En este sentido, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, apostó por la creación de las redes de igualdad y el desarrollo del programa ‘Empresas comprometidas con la igualdad’ como nuevas herramientas para seguir trabajando por la igualdad de oportunidades.
Por último, hay que mencionar los fondos europeos que también llegarán a los Servicios Sociales. De los 150,7 millones de euros que beneficiarán a la Comunidad y la Junta ha decidido reservar el 20 por ciento para una gestión conjunta con las entidades locales. Un porcentaje que supone cinco puntos más que lo exigido por el Gobierno central, por lo que los ayuntamientos dispondrán de 30 millones para obras en centros residenciales y de accesibilidad.
