Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, va a plantear esta tarde en el Congreso de los Diputados, ante los miembros del Grupo de Trabajo sobre Políticas Sociales y Sistema de Cuidado de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, un paquete de medidas urgentes que sirvan para sentar las bases de un sistema que garantice los derechos de las personas más vulnerables tras el impacto del coronavirius.
Estas propuestas están recogidas en el documento “Análisis y Propuestas de Cáritas para la (re)construcción”, del que la secretaria general ofrecerá en su comparecencia un resumen cualificado.
Se agravan las condiciones de las personas más frágiles
Cáritas señala que, tras la crisis anterior, la recuperación del mercado de trabajo se nutrió de incorporar a cada vez más trabajadores “atrapados” en condiciones de inseguridad. Se corre el riesgo de que una vez que la crisis actual se contenga, la “recuperación” se construya sobre el mismo modelo de crear empleos a cambio de avanzar en más precariedad.
Es especialmente preocupante la situación de los servicios sociales, que están sufriendo una creciente presión y demanda social a causa de la crisis, a la que hasta ahora ha venido afrontando con recursos menguantes, con deficiencias críticas y amplias desigualdades territoriales en la oferta. Puede decirse que los servicios sociales se encuentran infradesarrollados ante los nuevos riesgos sociales.
Junto a ello, la experiencia acumulada en los últimos meses por toda la red estatal de acogida de Cáritas confirma que, una vez más, esta crisis, como las anteriores, no ha sido igual para todos. Las personas más frágiles han visto como de manera rápida e intensa han empeorado sus condiciones de vida, y cómo en la mayoría de los casos se han hundido al perder el empleo y los exiguos ingresos que percibían. Puesto que han sido las personas vulnerables las que más han sufrido el impacto de esta crisis, las labores de reconstrucción deben darles la máxima prioridad entre las propuestas que se articulen a corto plazo.
Cabe tener en cuenta que la paralización económica derivada del estado de alarma ha provocado una rápida subida del desempleo, especialmente grave en el caso de las personas acompañadas por Cáritas, donde, entre el mes de febrero y abril, se ha constatado un incremento del paro del 20%. Esto significa que el incremento del desempleo para las familias más vulnerables ha sido ocho veces superior al incremento medio, y ha situado la tasa de paro en estas personas en el 73%.
Las condiciones de pobreza severa (menos de 370 euros para una persona y menos de 776 euros para dos adultos y dos menores de edad) se ha incrementado un 30% a causa de la pandemia y golpe en estos momentos a 1 millón de personas entre las familias que Cáritas acompaña.
Esta crisis ha venido a agravar, también, la delicada situación de vivienda que ya existía antes del impacto del coronavirus, hasta el punto de abocarnos a una posible emergencia habitacional, ya que más de 700.000 personas acompañadas por Cáritas residen en hogares que no disponen de dinero para pagar la vivienda ni los suministros domésticos.
Propuestas de Cáritas Española
Las propuestas que Natalia Peiro presentará en la Grupo de Trabajo sobre Políticas Sociales y Sistema de Cuidado se centran en seis capítulos.
1. Garantía de derechos: Abordar una reforma constitucional para garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales cuenten con el mismo grado de protección que a los derechos civiles y políticos; ratificar la Carta Social europea revisada y el Protocolo de Reclamaciones colectivas de 1995; y establecer un procedimiento eficaz para la ejecución de los Dictámenes y las Recomendaciones de los órganos de los Tratados y Convenciones del Derecho Internacional de los derechos humanos ratificados por España.
2. Empleo de hogar y sistema de cuidados: Propiciar un cambio legislativo que garantice el reconocimiento pleno de los derechos laborales en el empleo de hogar, en especial la prestación por desempleo; y articular un sistema de cuidados universal, público y de calidad en el que tanto las personas necesitadas de cuidados como las personas cuidadoras tengan garantizados sus derechos.
3. Vivienda: Urge la anunciada ley estatal de garantía de acceso a la vivienda que incluya todas las situaciones de exclusión residencial y sinhogarismo; incrementar el esfuerzo realizado por la Administración pública en materia de rehabilitación y mantenimiento del parque de viviendas; mantener la medida extraordinaria de paralización de desahucios y desalojos sin alojamiento alternativo en vivienda habitual en alquiler; y reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir la suspensión de cualquier procedimiento de ejecución sin alojamiento alternativo.
4. Garantía de ingresos mínimos: Ampliar la cobertura del ingreso mínimo vital para que no haya hogares sin ingresos ni familias por debajo del umbral de pobreza sin ningún tipo de protección, e incorporar a las personas en situación en irregular; y garantizar la complementariedad de las rentas mínimas autonómicas, entre otras medidas.
5. Personas migrantes: Permitir el empadronamiento de personas extranjeras sin documentación en vigor para que el Padrón municipal refleje la realidad estadística de población de un municipio; flexibilizar las condiciones y criterios de renovación, modificación y prórroga de las autorizaciones de residencia y/o trabajo de la vigente legislación de extranjería para impedir la irregularidad sobrevenida; evitar la reapertura de los CIES; habilitar más espacios de acogida humanitaria y erradicar las condiciones inhumanas del CETI de Melilla; implementar los estándares de derechos humanos y de detección de solicitantes de protección internacional y perfiles vulnerables tanto en los procedimientos de control de fronteras exteriores como de devolución y expulsión de personas extranjeras; y abordar una regularización extraordinaria para incorporar a los migrantes en situación irregular a la sociedad española.
6. Prostitución y trata: Aprobar la Ley Integral contra la Trata de seres humanos para todos los fines (explotación sexual, laboral, trabajo forzoso, matrimonios forzados, extracción de órganos, mendicidad…).
