CCOO, sindicato mayoritario de Correos, ha advertido acerca de la que ha denominado “extrema situación de riesgo” de la empresa postal pública ante el tijeretazo en la financiación pública y la ausencia de medidas por parte del Gobierno.
Según han podido saber fuentes sindicales, el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento ha aplicado en el enjuague político en los PGE-2017 un recorte de casi 130 millones de euros a la financiación del Servicio Postal Universal, dejando la cuantía en unos ridículos 52 millones de euros. Una financiación con la que Correos asume el coste deficitario de un servicio público que ningún operador privado presta y de la que se están viendo privados millones de ciudadanos del ámbito rural, de zonas no urbanas con la pérdida de calidad en la prestación del servicio público en todos los ámbitos.
Para el sindicato, el Gobierno ha incumplido no sólo su palabra de restituir la cuantía económica, sino también, con la aprobación del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal -pendiente desde hace una década-, que debe clarificar la cuantía de financiación anual, para el que comprometió con los sindicatos la creación de un Grupo de trabajo, en junio pasado, del que no se ha tenido noticia desde entonces y que en ningún caso, según CCOO, puede estar por debajo de los 200 millones de €.
Además, según datos del Tribunal de Cuentas, el Estado adeuda a Correos cerca de 260 millones de euros, consignados en los PGE y pendiente liquidar en concepto de financiación de años anteriores al recorte.
El sindicato ha denunciado igualmente el bloqueo, por parte de Hacienda, del Plan Estratégico aprobado por Correos en julio pasado con el fin de acometer un cambio de modelo empresarial ante un mercado postal con una constante caída de la carta tradicional, de la que Correos aun depende en un 80%, y un incremento constante de la paquetería, en la que la empresa postal pública tiene una presencia minoritaria. Posición de bloqueo que viene originada, para CCOO, por la presión de los operadores privados, verdadero monopolio del sector logístico, con un 87% de cuota de mercado, que está impidiendo a Correos entrar en un sector con crecimientos anuales del 20% de negocio.
Finalmente, CCOO recuerda que la plantilla de Correos se ha reducido en 17.000 trabajadores desde 2007, 70 en la provincia, el mayor recorte del sector público, con una pérdida del 14% de poder adquisitivo desde 2010 y con una progresiva imposición de un modelo de empleo low cost con miles de empleos a tiempo parcial, minijobs de jornadas de cuatro horas dos días a la semana, y con una precarización del empleo sin precedentes en el sector público.
En la provincia de Zamora, “la inacción política y el recorte en la financiación se están palpando en una insuficiente plantilla en carterías, oficinas, servicio de urgencia, centros de tratamiento, cuyos efectos son la sobrecarga de trabajo y la pérdida de calidad en el servicio postal público prestado a los ciudadanos por la falta de reposición de empleo”.
Entre las consecuencias que el sindicato advierte de una política postal nefasta, tras quince meses de legislatura y años de inacción y falta de iniciativas, CCOO pone de manifiesto los datos que arrojan recientes informes de organismos como la CNMC o el Tribunal de Cuentas. Entre otros, Correos se sitúa en el furgón de cola en la Unión Europea en la relación número de ciudadanos atendidos por trabajador (sólo dos Estados de los 28 de la UE cuentan con menos trabajadores por ciudadanos que España), en número de ciudadanos por oficina postal (España ocupa el quinto peor puesto de los 28 Estados de la UE), en buzones por ciudadano (sólo un Estado tiene peores cifras que Correos) o por deterioro de la calidad del servicio prestado a los ciudadanos.
Ante lo que el sindicato considera una extrema situación de riesgo para Correos, y frente a la ausencia de medidas del Gobierno tras la insistencia por parte del sindicato en la necesidad de activar iniciativas para revertir la situación, CCOO ha anunciado que iniciará en el primer trimestre del año un proceso de movilización que, si fuera necesario, prolongará durante todo 2018 en demanda de financiación para el servicio postal público, de una empresa económicamente viable y de un modelo de empleo con plantilla suficiente, estable y con empleo de calidad y regulado.
