Según la CGT, las informaciones que llegan desde los centros indican que las instrucciones mandadas por la Consejería de Educación y aplicadas por las Direcciones Provinciales conllevan que muchos centros educativos siguen estando abiertos para que el profesorado, algunos de forma voluntaria y otros obligada, acuda a los mismos, “y no se sabe para qué, porque ni pueden ir los alumnos, ni se pueden hacer funciones de tipo administrativo”. Todo ello cuando el Real Decreto que declara el estado de alarma el Real Decreto y el BOCyL anterior, establecen que los docentes deben de trabajar de forma telemática y “on line” por lo que la propia Consejería ha abierto cursos por la red informática para los docentes, con el fin de que aprendan a utilizar Moodle y otros sistemas telemáticos.
“Por añadidura, hemos conocido que en algunos centros educativos se mantienen evaluaciones que sólo pueden ser presenciales, porque no hay medios para vídeo-conferencias. El espíritu del Real Decreto es, básicamente, que las personas no salgamos de casa para poder así detener la expansión del virus. Desde CGT creemos que deberían cerrarse todos los centros de cualquier ámbito, salvo los que sean esenciales para la vida de las personas”, expone CGT en un comunicado.
Sin embargo, según este sindicato, “la Consejería ha contribuido a este sinsentido con su ambigua ORDEN EDU/308/2020, de 13 marzo en la que se deja en manos de los equipos directivos la posibilidad de que el personal que presta servicios en dichos centros acuda a su puesto de trabajo para las actuaciones que sean precisas, toda una temeridad”.
Desde la CGT de Castilla y León exigen:
1.- Que la Junta ordene el cierre inmediato de los centros, aplique que sus trabajadores docentes y no docentes se queden en sus casas confinados, trabajando los docentes de manera telemática con sus alumnos.
Esto supone la aplicación del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, que está por encima del BOCYL, ya que la Consejería de Educación y la Junta de Castilla y León, no están por encima del Gobierno del Estado.
Es obligación de la Consejería de Educación proteger a sus trabajadores con las órdenes que vienen del Gobierno central y de las instituciones que las desarrollan y aplican.
2.- La Consejería debe aplicar a “RAJATABLA “como decían los máximos responsables del Gobierno, el cierre de los centros educativos en aplicación del Real Decreto, en especial el artículo 9 en sus puntos 1 y 2.
3.- La Consejería de Educación debe informar a los agentes sociales (sindicatos y delegados sindicales) de la enseñanza de las medidas que va adoptando, como está haciendo a nivel estatal el Gobierno y no dejar de darles explicaciones, remitiéndoles a llamar a un teléfono sin comunicación, supuestamente porque está colapsado.
