El presidente del Consejo Consultivo, Agustín S. de Vega, subraya la labor que desarrolla esta Institución Propia que integra dos órganos con dos funciones diferenciadas, la consultiva y la correspondiente a la resolución de los recursos especiales en materia de contratación pública, particularidad única en España.
En este sentido, explica que el hecho de que ya se hayan cumplido más de 20 años desde el inicio del Consejo y más de una década desde la adscripción del TARCCYL refleja el acierto de este diseño que lleva a compatibilizar dos funciones jurídicas en una institución consolidada por el Estatuto de Autonomía como órgano jurídico superior de la Comunidad.
Vega destaca el papel de la institución como garante de la legalidad de las decisiones administrativas y de contratación pública, y recuerda que las normas y su interpretación fundamentan tanto los dictámenes del Consejo como las resoluciones del Tribunal.
En cuanto a la función consultiva, Valladolid, con 119 dictámenes, León, con 88, y Salamanca, con 84, son las provincias de las que proceden más dictámenes. El número de dictámenes provincializados (493) difiere del total (539) porque solo se incluyen los expedientes que proceden de una sola provincia. Hay 46 expedientes que no pueden provincializarse al tratarse de proyectos normativos de la Junta de Castilla y León (anteproyectos de ley, reglamentos ejecutivos, etc.) o que afectan a varias provincias o a toda la Comunidad.
Los expedientes de responsabilidad patrimonial (363) han supuesto el 67,35 % del volumen anual de dictámenes del Consejo; a éstos siguen los de revisión de oficio, que suponen un 12,62% del total.
Por materias, el mayor número de dictámenes (155) provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación), 53 son de ámbito sanitario y 48 de ellos están relacionados con infraestructuras (instalaciones y redes de abastecimiento y saneamiento). Asimismo, 35 están relacionados con los efectos generados por la COVID-19 (perjuicios en el ámbito de la hostelería mayoritariamente). En cuanto a la provincialización de los expedientes de responsabilidad patrimonial, ésta se realiza según el lugar en el que se han producido los daños que se reclaman.
El 53,99% de las consultas (291) proceden de las administraciones locales y el 46,94% (243) de la administración autonómica.
