La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado una reunión a la ministra de Política Territorial y Función Públicas, Carolina Darias, para empezar a retomar asuntos pendientes en materia de negociación como son la mejora de las condiciones laborales y el refuerzo de las plantillas de los/as empleados públicos.
CSIF, como sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, pretende trasladar a la ministra sus propuestas en materia de reconstrucción de los servicios públicos tras la pandemia del Covid19 e iniciar la negociación “con la firme voluntad de avanzar en un acuerdo de legislatura que ponga en valor la abnegada profesionalidad del conjunto de empleados/as públicos” en la lucha contra el virus y sus efectos sobre la sociedad española.
Asimismo, CSIF solicita la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para conocer de primera mano las materias abordadas durante estas semanas con los distintos consejeros autonómicos, así como los criterios de distribución y aplicación de los fondos Covid-19 a las CCAA, en lo que afecta a materias de negociación de esta mesa.
En su comparecencia ante la Comisión de Función Pública en el Senado, el pasado jueves 4 de junio, la ministra expuso las líneas generales del programa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para desarrollar a lo largo de la legislatura, entre los que cabe destacar la voluntad de avanzar en la modernización de las administraciones públicas al amparo de tres pilares: las personas, los recursos y los procesos.
CSIF, desde el diálogo y la lealtad en la negociación, le ha ofrecido su firme voluntad para alcanzar un acuerdo sólido de legislatura que aborde, entre otros, la adecuación y recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos, el desarrollo de la Ley de Función Pública de la AGE, la regulación de la carrera profesional y un plan de recursos humanos que permita seguir avanzando para acabar con la alta tasa de temporalidad existente en el conjunto de las administraciones públicas, redimensionar las plantillas para poder atender las demandas reales de los ciudadanos.
Dicho acuerdo también debe ampliar las políticas de seguridad y salud en el trabajo, así como el refuerzo de recursos humanos de los servicios de prevención de riesgos laborales de todas las administraciones, el establecimiento de la jornada laboral de 35 horas, la jubilación parcial y anticipada de determinados colectivos y la creación del delegado de igualdad y el delegado contra la violencia de género. Muchas de estas cuestiones fueron citadas por la ministra en su comparecencia. El próximo 11 de junio se ha convocado una reunión de la Conferencia Sectorial de Función Pública para abordar estos asuntos con las comunidades autónomas.
Con carácter previo, desde CSIF se remitieron por escrito a los distintos departamentos ministeriales afectados, las propuestas que desde nuestra organización consideramos deben ser abordadas en el marco de la negociación colectiva para que formen parte del acuerdo de legislatura y que requieren habilitación de gasto, tales como:
Recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010.
Recuperación del poder adquisitivo.
Equiparación retributiva entre las distintas administraciones (IIPP, Justicia y Administración General del Estado).
Regulación de la carrera profesional para todos los empleados públicos.
Adecuación de los Grupos de clasificación (Art. 76 TREBEP) a las nuevas titulaciones para el acceso a la función pública
Adecuación de los complementos de residencia e insularidad.
Reafirmación del modelo de clases pasivas y adecuación de los haberes reguladores.
Conscientes de los retos y dificultades que afrontan la tramitación de los Presupuestos, desde CSIF le ofrecemos nuestra colaboración desde ya para, dentro de la negociación colectiva, podamos alcanzar un acuerdo sólido de legislatura que desarrolle las medidas de reconstrucción que necesita nuestros servicios públicos y mejore las condiciones laborales y retributivas de las personas que trabajan en las administraciones púbicas.
